El Gobierno de España está empezando, como ya hizo Chávez en su momento, a emplear y manejar las instituciones del Estado para perseguir a sus oponentes y adversarios.
La democracia es algo más que un procedimiento cuantitativo para elegir la composición del poder legislativo; también implica un equilibrio y contrapeso entre los distintos poderes del Estado y, sobre todo, un sometimiento de las instituciones públicas al pueblo soberano, cuyas libertades son respetadas más allá de lo que formalmente exijan los textos legales.
Este sistema es la fórmula conocida más eficiente para respetar los derechos de los ciudadanos y limitar el poder del Estado. Precisamente por ello, las democracias empiezan a pervertirse no cuando se suspenden los comicios electorales, sino cuando el equilibrio de poderes se finiquita en beneficio del ejecutivo y cuando los burócratas comienzan a emplear las instituciones no para defender, sino para subvertir, los derechos individuales. De hecho, la cancelación de las elecciones suele ser el paso final en la transición hacia una dictadura que se produce sólo cuando el resto de instituciones ya están corruptas.
El primer deber de un demócrata, por tanto, no es ir a votar a unos comicios, como tantas veces repiten los políticos, sino estar vigilante frente a la expansión y mal uso del poder estatal. Venezuela, por ejemplo, está dando pasos agigantados hacia la dictadura, no porque se hayan dejado de celebrar las elecciones (algo que de momento no ha ocurrido), sino porque Chávez controla ya la práctica totalidad de las instituciones y, sobre todo, porque ha sometido al pueblo a su régimen de control y represión, tal y como atestigua el episodio de Luis Herrero.
En España, de momento, la situación no ha degenerado tanto, pero existen síntomas inquietantes frente a los que hay que ser totalmente intransigentes. Si la semana pasada estuvo marcada por el casual encuentro cinegético entre un alto representante del poder Ejecutivo y un importante miembro del poder judicial –lo que apunta hacia un exhibicionismo cada vez más desinhibido de la voladura de la separación de poderes en nuestro país– este fin de semana, a raíz del secuestro y expulsión de Luis Herrero de Venezuela, el PSOE –el partido de Gobierno– ha mostrado su lado más comprensivo con la dictadura bolivariana en lo referido al ataque y violación de los derechos de un ciudadano español (al que en teoría debería proteger y amparar).
Dicho de otra manera, el Gobierno de España está empezando, como ya hizo Chávez en su momento, a emplear y manejar las instituciones del Estado para perseguir a sus oponentes y adversarios. Felipe González ya intentó en su momento establecer una "dictadura perfecta" al estilo del PRI mexicano, pero su derrota frente a Aznar en 1996 impidió que la corrupción democrática siguiera avanzando y, de hecho, en algunas instancias se experimentó una muy sana regeneración.
Pero Zapatero ha retomado con ímpetu la labor emprendida por González y no ha dudado en pactar con los elementos más inquietantes de nuestro espectro político: nacionalistas e izquierda radical. De hecho, incluso ha intentado incorporar a los terroristas a su proyecto de régimen.
El problema es que fuera de su partido sólo encontró la oposición de un PP que hoy se está descomponiendo en su desorientación ideológica y estratégica; y dentro del mismo, fueron contadas las voces que se alzaron contra Zapatero, hasta el punto de que casi todas ellas han terminado abandonando el PSOE. El caso más renombrado ha sido el de Rosa Díez, que incluso ha formado su propio partido para lograr la regeneración democrática que necesita España; pero la propia Díez reconoce este mismo fin de semana que dentro del PSOE sólo encontró "rechazo y grosería en el menor de los casos".
Por consiguiente, tenemos a un partido de Gobierno vendido al proyecto de Zapatero y un partido de la oposición debilitado y sin rumbo. Una perspectiva de futuro nada esperanzadora a no ser que el PP aproveche la situación para resucitar y recuperar su discurso de la anterior legislatura. Pero para ello sus electores deberán ser especialmente exigentes, no sólo como votantes de la derecha sino como demócratas conscientes del peligro que se nos puede venir encima si la actual degeneración institucional que impulsa la izquierda prosigue su curso.
