Ofensiva laicista

El artículo 16 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”. Es evidente que el Gobierno Zapatero hace caso omiso de este mandato constitucional. Es más, en los últimos días hemos visto ejemplos de una creciente intolerancia respecto al hecho religioso. En el proceso de voladura más o menos controlada de la Transición democrática en el que se ha embarcado Rodríguez Zapatero, el consenso alcanzado en torno a la libertad religiosa parece ser uno de los primeros pilares que pretenden derribar. La rebelión del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados frente a un acuerdo unánime de la Mesa para colocar una placa de homenaje a una religiosa nacida en uno de sus edificios anexos o la cruzada socialista para retirar crucifijos de las escuelas son sólo dos ejemplos de la ofensiva anticlerical que desde la izquierda en el poder se ha lanzado con virulencia en España. Una ofensiva que se está desarrollando ante el silencio cómplice de muchos católicos que militan en el PSOE

Uno de los grandes éxitos de la Transición española a la democracia fue dar solución a la cuestión religiosa, un problema que se encontraba en la base del conflicto civil que enfrentó a los españoles en una terrible guerra hace ahora más de sesenta años. El pacto de concordia que propició la Transición se sustentaba en este punto sobre tres principios fundamentales: la libertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y la especial protección que los poderes públicos deben tener con una religión, la católica, que la propia Constitución reconoce como mayoritaria en nuestra sociedad. El papel ejemplar desarrollado por la Iglesia Católica en el proceso de cambio a la democracia daba especial legitimidad a este pacto constitucional. Desde entonces, España ha tenido muchos problemas, pero ninguno en materia religiosa. Era una más de las muchas cosas que felizmente estaban resueltas y que Zapatero se empeña en reabrir.

La victoria del PSOE en 2004 volvió a situar la cuestión religiosa como problema y causa de división y de enfrentamiento entre los españoles. El nuevo Gobierno, imbuido de un sectarismo laicista y lleno de prejuicios  anticlericales, se propuso la eliminación de toda manifestación pública de la fe católica. Las agresiones a la Iglesia se sucedieron desde el insulto de la “iglesia casposa” proferido hace tiempo por el número dos del PSOE, José Blanco, hasta la última descalificación de la madre Maravillas para recibir cualquier reconocimiento público por el mero hecho de ser monja.

Pero el proyecto de Zapatero pasa no sólo por erradicar cualquier símbolo católico del espacio público, sino por sustituir en la conciencia de los españoles sus tradicionales creencias cristianas por una nueva religión de Estado basada en la negación de cualquier dimensión trascendente del ser humano, en un relativismo moral absoluto y en la supremacía de unos valores de izquierda como credo obligatorio.

La nueva religión de Estado se pretende imponer a la sociedad en dos grandes ejes estratégicos. Por un lado, un intervencionismo de las conciencias que pretende transformar el alma de los españoles mediante la instauración del pensamiento único, los ataques a la libertad de expresión y la mal llamada Educación para la Ciudadanía en las escuelas, que más parece una catequesis obligatoria de socialismo. Por otro, la defensa de una nueva cultura de la muerte que hace del aborto, la eutanasia y la manipulación genética las grandes banderas del progreso de la humanidad.

La enorme trascendencia que los sentimientos religiosos tienen para el ser humano y la propia experiencia histórica de nuestro país aconsejarían actuar en este terreno con la máxima prudencia y reconstruir un consenso social y político en torno a la cuestión religiosa que tenga como base nuestro actual marco constitucional. Por el contrario, perseverar en este proyecto de laicismo obligatorio y en este anticlericalismo cada vez peor disimulado sólo será fuente de nuevos conflictos que en nada favorecerán nuestra convivencia democrática y la paz social.

Este consenso se debe sustentar, en mi opinión, sobre cuatro principios básicos. El reconocimiento como un hecho objetivo, al margen de cualquier debate ideológico, de las raíces cristinas de nuestra Nación. El respeto máximo a la libertad religiosa y en especial al derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias creencias, valores y principios, sin que puedan ser suplantados en esa responsabilidad por el Gobierno. Una aconfesionalidad del Estado que implique el respeto a todas las manifestaciones religiosas frente a una laicidad que pretende erradicar cualquier signo cristiano de la vida pública. Y la consideración de la Iglesia Católica como mayoritaria en nuestra sociedad y merecedora, por tanto, de especial apoyo y protección por parte del Estado. Para alcanzar ese consenso sería imprescindible que algunos de los muchos católicos que militan en el PSOE hicieran también oír su voz.