Ilegalizar ANV

A mediados de los años setenta, el País Vasco bullía de grupúsculos de nacionalistas de ultraizquierda de todo tipo; trostkistas, guevaristas, tercermundistas, culturalistas. Entre ellos, ETA era uno más, con la diferencia de que se dedicaba a matar. Para controlar este caos, ETA creó en 1978 Herri Batasuna. Su creación respondió a dos objetivos. En primer lugar, acabar con la amenaza de más escisiones como las ocurridas en la V y las dos VI Asambleas; creaba un cinturón de seguridad ortodoxo y fuertemente politizado que evitara más aventuras rupturistas. En segundo lugar, Herri Batasuna buscaba monopolizar todo el voto abertzale y aglutinarlo en un único partido, dependiente de ETA.

No es que HB tuviera relación con ETA, defendiera el terrorismo o evitara condenar los atentados. Es que Herri Batasuna era una creación directa de la dirección etarra, a ella servía y a ella rendía cuentas. Y tras ella, Euskal Herritarrok, Batasuna, AuB o ANV han sido elegidos por la dirección de ETA como sus sustitutos. ANV formó parte de HB desde el principio, y como tal participó de la política y la estrategia de apoyo a ETA.

Ni las FSE ni los concejales amenazados albergan duda alguna de la pertenencia de ANV al entramado criminal. A ellos debiera responder Zapatero: ¿desde cuándo la pertenencia de ANV a ETA depende de si ETA mata o no? ¿Sería ANV menos parte de ETA si ésta no hubiese asesinado hace unos días? ¿Desde cuando su ilegalización depende de si ETA decide volver a matar? Si ETA mata, ANV será ilegal, pero ¿y si no lo hace? ¿Implicaría eso que ANV no es ETA?

Nadie que conozca el mundo abertzale duda de la pertenencia de ANV al entramado criminal etarra. Pero aún si el Gobierno lo dudara, un hecho resulta evidente: si ANV pertenece a ETA, lo será independientemente de si comete crímenes o no. Así que resulta del todo inadmisible que Bermejo o Rubalcaba hablen de ilegalizar la formación en función de qué hagan o qué dejen de hacer los terroristas, de qué digan o qué dejen de decir los etarras.

El lector ya intuye por dónde van las cosas. El Gobierno está utilizando la ilegalización de ANV, la justicia y el Estado de Derecho para presionar a los terroristas por un lado y para calmar a la opinión pública por otro. Zapatero busca que ninguno de los dos le fastidie unas elecciones que tiene previsto ganar "como sea". Es decir, que la actuación del Estado contra ANV dependerá de las necesidades electorales de Zapatero. Con o sin condena.