¿El "proceso de paz" en el banquillo?

Vaya por delante que siempre nos ha parecido una repugnante contradicción que en España haya una legislación que impida las reuniones con formaciones ilegalizadas como Batasuna, y no la haya, sin embargo, para reunirse con la propia cúpula etarra, tal y como en España ha sucedido siempre que esos criminales, todavía fugitivos de la Justicia, han creído conveniente declarar una tregua. Esta ilógica realidad está fortaleciendo los endebles argumentos del Gobierno vasco contra la decisión judicial de procesar al lehendakari Ibarretxe y a los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por incurrir en un delito de colaboración necesaria con el delito de desobediencia, al reunirse con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna durante el último "alto el fuego" de la organización terrorista.

El argumento de la portavoz del gobierno vasco, Miren Azcarate de que el procesamiento del lehendakari supone "abrir juicio a toda la sociedad vasca" supone un llamamiento tribal, típicamente totalitario, para situar al gobernante por encima de la Ley. Sin embargo, su reproche de que "lo que vale para el presidente español, no vale para el lehendakari de Euskadi" es, simplemente, de una lógica elemental. Es más, "lo que no vale para el lehendakari" no sólo le ha valido a Zapatero, sino también a su socio Carod-Rovira tras su reunión con ETA en Perpiñán, en la que, según la propia organización terrorista, se diseñaron "estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español".

Por todo ello nos tememos que, pese a la ley de partidos políticos promulgada en 2002, y pese a la posterior sentencia de ilegalización de Batasuna, al lehendakari le termine "valiendo" lo que, ciertamente, le ha valido a Zapatero y a cuantos invitaron a ETA a un "pacífico" viaje a cambio de dirigirse a la meta perseguida por los terroristas.