Los puentes del proceso

En la lucha contra ETA hace mucho tiempo que las palabras han dejado de ser suficientes. Si el Gobierno quiere mostrar una verdadera voluntad de derrotar a la banda terrorista no sólo debe decirlo, o al menos no decir lo contrario como hizo su ministro de Justicia esta semana, sino que debe también dar muestras con sus hechos de la existencia de esa voluntad inequívoca. Las detenciones de terroristas con las que el Gobierno pretende demostrar esa firmeza es una obligación impuesta a las fuerzas de seguridad por el Estado de Derecho y una muestra de profesionalidad de nuestros cuerpos policiales, pero no resulta suficiente para medir la voluntad política de derrotar al terror. La determinación del Gobierno por alcanzar esa meta hay que valorarla en las propias decisiones del Ejecutivo para aislar política y socialmente a los terroristas, a quienes les amparan y a quienes les representan en las Instituciones.

Las palabras del ministro Bermejo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, abriendo la puerta a una nueva negociación con ETA, han venido a darnos la razón a quienes desde la oposición insistíamos en que la voluntad de negociación del Gobierno con los terroristas seguía viva. La respuesta de Zapatero reinterpretando las palabras de su ministro no invalidan esa certidumbre. Mientras Mariano Bermejo continúe en el Gobierno, resultará obvio que hay al menos una parte del Ejecutivo que apuesta por la negociación como única vía para acabar con el terror y, mientras Zapatero no lo cese, significará que el propio presidente está aliado con ese sector.

Pero más allá de la reinterpretación de las palabras –Zapatero se ha mostrado de hecho como un hábil manipulador del lenguaje–, lo que cuentan son los hechos. Y los hechos nos dicen que Zapatero no se ha arrepentido en ningún momento de su negociación con ETA. Es muy difícil rectificar una política si antes no se reconoce su error y es incuestionable que si alguien está convencido de que actuó correctamente volverá a hacerlo de encontrarse en iguales circunstancias.

El segundo hecho objetivo es que el PSOE se niega a revocar la autorización parlamentaria que autoriza al Gobierno a negociar con ETA si ésta muestra el deseo de abandonar la violencia. Si para Zapatero el falso alto el fuego declarado por la banda fue condición suficiente para dar pie a esa negociación, es claro que una nueva declaración de la banda sería suficiente para reabrir el proceso, tal y como defendió el ministro de Justicia, después de las próximas elecciones.

En tercer lugar, el Gobierno se niega a instar la ilegalización de ANV a pesar de que se acumulan las evidencias de que este partido actúa como un mero sucesor de la ilegal Batasuna. Puede que el Gobierno se reserve esta acción como un golpe de efecto electoral más próximo al mes de marzo, en lo que sería una utilización manifiesta de la política antiterrorista con fines partidistas, pero cabe también la hipótesis de que en realidad Zapatero mantenga el convencimiento de que existe una parte de la denominada izquierda abertzale amante de la paz que será un interlocutor necesario en el futuro proceso de negociación. Las declaraciones de algunos socialistas vascos defendiendo esta tesis hacen que no podamos descartar incluso que algunos contactos secretos se sigan produciendo en el País Vasco entre socialistas y representantes del mundo abertzale.

Por último, tampoco ha buscado el Gobierno tras el reinicio de la actividad asesina de ETA recomponer sus relaciones con las víctimas del terrorismo. Por el contrario, el Gobierno ha seguido menospreciando, cuando no descalificando, a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo sin el más mínimo gesto de aproximación a las mismas. La querella presentada por un grupo de abogados progresistas contra el presidente de la asociación mayoritaria por supuestas injurias al Gobierno no hará más que enrarecer aún más el ambiente.

En definitiva, si el Gobierno pretende que la sociedad tome en serio su lucha contra el terrorismo, no sólo debería unificar el mensaje, evitando contradicciones tan flagrantes como las provocadas esta semana por su ministro de Justicia, sino que debería demostrar con hechos su verdadera voluntad de derrotar al terrorismo. Lo contrario incita a pensar que estamos ante una mera pose electoral del Gobierno cuya fecha de caducidad coincide con la de las próximas elecciones generales. La impresión que queda en el ciudadano es que el Gobierno se niega a romper definitivamente los puentes por los que debería transitar cualquier futura negociación.