Software libre en campaña

Desde este fin de semana los políticos volverán a pedir nuestro voto otra vez. Un político en campaña es un ser enternecedor, semejante a un adolescente. Pretende aparentar ser más de lo que es y estar más seguro de sí mismo de lo que lo está. Pero también, como un adolescente, teme más que a nada que alguien descubra alguna de sus vergüenzas y le ponga en evidencia en público.

El caso es que mientras algunos ya antes de empezar están ocupados intentando tapar sus vergüenzas y buscar las del vecino, los hay que hacen propuestas sobre la tecnología en la ciudad. Que es lo que nos interesa aquí. Por ejemplo, Izquierda Unida declaró su intención de implantar software libre en la red informática del Ayuntamiento de Madrid. De propina, contenidos digitales libres y software libre también para la alfabetización digital.

Usar software libre en los ordenadores del Ayuntamiento estaría muy bien. Es cierto que ahorraría unos cuantos centenares de miles de euros. No hay problema técnico para ello. Yo mismo vengo usando desde hace tres años Firefox y OpenOffice en la red informática del Ayuntamiento de Madrid, y desde hace unas semanas directamente Ubuntu. La cuestión que dificulta la propuesta de Izquierda Unida no es técnica, sino eso que se llama la "cultura de la organización".

Y es que es muy difícil cambiar "por decreto" las herramientas de trabajo de miles de funcionarios. Barcelona anunció a bombo y platillo en 2004 que iba a implantar software libre. Un año después, anunció que el proyecto ya estaba lanzado: se implantó software libre en dos centros cívicos. El parto de los montes, vaya. El proyecto Rhodas del Ministerio de Administraciones Públicas, que pretendía introducir puestos de trabajo con software libre, fracasó. Y sin embargo, miles de funcionarios de ese mismo ministerio usan hoy el cliente de correo Thunderbird para acceder a su servidor basado en software libre. Lo mejor, en estos casos, es ir poquito a poco.

Mucho más prometedora es la otra idea, la de liberar contenidos. Las administraciones disponen de vastos fondos documentales y son publicadoras compulsivas de libros que solo disfrutan unos pocos. ¿Por qué no poner a disposición de todos los ciudadanos ese contenido que ya han pagado con sus impuestos?