¿Hay riesgo de guerra civil?

La alusión frecuente de la izquierda zapateresca al riesgo de guerra civil, al peligro inminente al que la derecha liberal nos empuja, lleva a dos reflexiones. Por un lado, la adopción de ese discurso constituye una prueba más de que el zapaterismo se ha alineado internacionalmente con las tendencias antisistema. Y, por otro lado, es una muestra de su ciego empeño por la distorsión histórica y la confusión social, con el ánimo irresponsable de obtener un rédito político.

El discurso del zapaterismo casa perfectamente con el polo antiliberal mundial que forman islamistas, indigenistas y la progresía occidental. Un discurso victimista que fabrica anclajes históricos, ya sea Bolívar, el califato de Córdoba o la II República. Pero en el caso español, la referencia republicana no puede ser un modelo precisamente de democracia y paz, por lo que se adornan con un lenguaje alarmista y hueco.

El resultado es el uso de expresiones y palabras como "guerracivilismo", "derecha extrema", "memoria histórica", "ambiente de preguerra civil" y "golpistas callejeros", o confiesan sin pudor que fusilarían cada mañana a un par de voces de la derecha.

La izquierda zapateresca presenta una República de cuento de hadas, en la que el Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 para que España caminara por las baldosas amarillas de la modernidad. La derecha no lo soportó, y crispó y crispó hasta que dio un golpe de Estado. Ahora, sus herederos, los del PP, pretenden truncar de la misma forma la ilusión progresista.

Pero, ¿hay riesgo verdadero de guerra civil? El componente preciso que se ha dado en los países europeos para un conflicto de esta naturaleza es una crisis social marcada por el enfrentamiento violento civil continuo, la intolerancia contumaz y la existencia de sistemas de valores antagónicos, ya sean políticos o religiosos. La división social, en esta circunstancia, generaría la existencia de dos bandos caracterizados por una identidad particular y excluyente. A esta realidad social respondería una élite política irresponsable, incapaz para la conciliación, que cuestionara o violentara la legalidad.

Esta situación política y social no existe en España, por duras que sean las descalificaciones entre políticos, periodistas y escritores. Pero es que ni las críticas a la actuación del gobierno son por definición guerracivilistas, ni las manifestaciones callejeras son artificios de golpes de Estado. Cuestionar la eficacia o conveniencia de las medidas gubernamentales, y denunciarlo, no convierte a nadie en un franquista irredento.

Lo único cierto es que mientras el Gobierno distrae con esas alusiones abracadabrantes, propias del frente antiliberal mundial, pasan por debajo los dos ejes de su estrategia para impedir la alternancia: la consideración de los etarras-batasunos como viejos revolucionarios recuperables para la democracia, y la configuración de un orden autonómico nuevo basado en las alianzas antiPP. Pero ya nos conocemos.