La Generalitat, a subasta; la ilegalidad, a debate

A las amenazas de una "crisis de Estado" y un "plan B" soberanista que el presidente del Parlamento catalán, el separatista Ernest Benach, lanzaba hace unos días contra el Tribunal Constitucional, les ha seguido la oferta de ERC a CiU para formar gobierno si los convergentes se comprometen a convocar un ilegal referéndum de autodeterminación en el caso de que el Estatuto soberanista catalán sea declarado inconstitucional.

Aunque Carod Rovira vuelva hoy a "garantizar la estabilidad" del tripartito, al considerar tanto CiU como el PSC frívolo y prematuro anunciar medidas antes de que el Tribunal se pronuncie, lo cierto es que nos estamos acostumbrando a algo tan anormal como que en un Parlamento se debata una subasta de gobierno, con poco más de cien días de formación, a base de calibrar, de manera preventiva, la disposición de sus miembros de vulnerar nuestra Ley de Leyes con ilegales convocatorias de referéndum secesionistas.

Por mucho que la oferta frustrada de los separatistas también se haya hecho en clave de consumo interno para satisfacer a las bases, cometeríamos un error quitando importancia a estas pulsiones golpistas de ERC, que tanto dejan en evidencia la debilidad moral y política de quienes los conservan, tanto en Madrid, como en Barcelona, como compañeros de viaje.

De hecho, fue el socialista Maragall el que, en el final de la anterior legislatura, ya amenazó a las Cortes Generales con "un drama" si no aprobaban el futuro Estatuto y ha sido Montilla el que ha salido por registros parecidos si resultase que es el Tribunal Constitucional el obstáculo.

Las aparentes "bravuconadas" de los separatistas catalanes hay, pues, que tomárselas en serio, muy en serio; aunque sólo fuera porque se hacen desde la Presidencia y Vicepresidencia de un Parlamento y de un Gobierno autonómico y por parte de quienes son socios del Gobierno de Zapatero.

Más aun, si tenemos en cuenta la reacción de los etarras si resultara que el Tribunal Constitucional veta un Estatuto que no alcanza a sus exigencias, resultando ser la resolución un obstáculo para los planes de "desestabilización del Estado español" que los terroristas consensuaron en Perpiñán con los actuales socios de Zapatero.

No sabemos si el Tribunal Constitucional resistirá las históricas presiones que está recibiendo ante su futura y no menos histórica resolución. Pero si lo hace, tengan por seguro que a los de ERC no les faltará ayuda para demostrar que sus actuales "bravuconadas" se hacen sangrienta realidad.