El silencio de los corderos

El PSOE quiere imponer el silencio al Partido Popular en lo más importante, que es la lucha contra el terrorismo. Lo ha hecho esta semana en la Cámara vasca negándose a debatir una propuesta del PP que pedía el fin de la negociación con ETA. Lo quiere hacer en el Congreso de los Diputados impidiendo el debate de toda iniciativa del Partido Popular en materia de lucha contra el terrorismo. Su objetivo es acabar con toda oposición a la negociación que Zapatero mantiene a prueba de bombas con los terroristas. Dicen que todo debate entre los demócratas sobre terrorismo favorece a los terroristas. Saben que todo debate sobre terrorismo descorre el velo de su negociación en la tregua-bomba. Se trata por tanto de callar no sólo al PP, sino también a las víctimas del terrorismo, a los colectivos cívicos que se oponen al proceso, a los medios de comunicación que no se someten a la consigna oficial y al conjunto de una sociedad a la que se quiere silenciar como si fuéramos borregos.

 

Este método pervierte nuestra democracia. Significa que si el presidente del Gobierno decide claudicar ante los terroristas, todos estamos obligados a apoyarle en esa voluntad. Significa que si el líder se equivoca, todos debemos equivocarnos con él, como las ballenas que se suicidan colectivamente en una playa sin una explicación lógica. Significa que si un Gobierno decide rendirse frente al enemigo, como en la Francia ocupada por los nazis, cualquier intento de resistencia resultase contraproducente.

 

El Gobierno se apoya en un argumento falaz para exigir ese silencio complaciente. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo señala en uno de sus puntos que el Gobierno dirige la política antiterrorista y que esta cuestión debe quedar fuera del juego partidista. Es absurdo evocar una parte del Pacto para destruir la totalidad del Pacto. Si el Gobierno entierra el Pacto Antiterrorista no puede esgrimir una cláusula del propio Pacto para hacerlo impunemente. Es la misma técnica con la que el nazismo destruyó la democracia utilizando para ello la propia democracia. La esencia del Pacto por las Libertades es la voluntad de derrotar a ETA y resulta no sólo absurdo, sino canallesco, esgrimir ese Pacto para exigir el silencio cuando se propone justo lo contrario: la claudicación ante ETA.

 

En treinta años de lucha contra ETA los partidos democráticos españoles han mantenido una admirable unidad. La han mantenido en los años de plomo, en los que las víctimas se contaban por cientos cada año. La mantuvieron en todos los procesos previos de treguas o contactos con la banda terrorista. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora asistamos a una división y un enfrentamiento que mantiene atónita y desconcertada a buena parte de nuestra opinión pública?

 

La izquierda dice que el Partido Popular no ha asumido su derrota electoral, que la derecha no consiente que Zapatero logre su objetivo de la paz perpetua y que el PP utiliza el terrorismo con el único fin de desgastar al Gobierno y tratar de obtener un beneficio electoral. Es todo tan falso como ignominioso. El Partido Popular dio un ejemplo democrático de transferencia de poder en el año 2004 y nunca ha cuestionado la legitimidad democrática de la victoria socialista, a pesar de que se produjo en unas circunstancias dramáticamente excepcionales. Además, el PP es el partido que más ha sufrido el zarpazo del terror y cuyos dirigentes y militantes en el País Vasco deben entrar en la categoría de héroes. Decir que el PP no quiere el fin de ETA es más que un insulto, es algo que debería repugnar cualquier conciencia que no sea la de esos asesinos. Y el Partido Popular no ha cambiado su posición por el hecho de que gobierne Zapatero, por lo que difícilmente puede tratarse de una táctica de desgaste.

 

La misma política antiterrorista que practicamos, con indudable éxito además, en los ocho años de Gobierno de Aznar, es ahora la que defendemos desde la oposición. Es más, nada nos satisfaría en mayor medida que el actual gobierno perseverase en esa política, que además le garantizaría el éxito en su lucha contra ETA.

 

¿Qué ha cambiado entonces? El cambio trascendente es que por primera vez en nuestra historia democrática hay un presidente del Gobierno que está dispuesto a hacer concesiones políticas a una banda terrorista a cambio de que dejen de matar. Hoy es un hecho innegable, al margen de que el Gobierno haga todos los esfuerzos por ocultarlo, que tanto en las conversaciones previas al alto el fuego como en las posteriores, Zapatero ha asumido contenidos políticos en la negociación con los terroristas, relativos tanto al derecho de autodeterminación del País Vasco como al futuro de Navarra.

 

No sólo el Partido Popular sino la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles ansiamos la paz y el final de ETA tanto como el que más. La diferencia es que mientras los españoles no estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, es decir, dejar que los terroristas nos impongan en una mesa de negociación aquello que no consiguieron arrancarnos con casi mil asesinatos, Zapatero parece dispuesto a pagar ese precio aunque sea a plazos y agazapado bajo la coartada de una mesa de partidos que proponen los propios terroristas.

 

Creo, por tanto, que más allá de cualquier interés de partido, es necesario oponernos con todas nuestras fuerzas a ese proceso de claudicación ante el terror. Sobre todo porque esa claudicación es política y moralmente inadmisible. Pero también porque como el mortal atentado de Barajas demuestra, el hacer concesiones a los terroristas tan sólo sirve para incentivas su instinto asesino y elevar el precio del chantaje al que someten a toda la sociedad.

 

Zapatero quiere llevarnos a todos en silencio a doblar la rodilla ante los terroristas en una mesa de negociación. Necesita un silencio cómplice para poder culminar su voluntad de claudicación. Yo no me voy a callar. Estoy seguro de que el Partido Popular aún menos y tengo el convencimiento de que la sociedad española en su conjunto tampoco. No nos callaremos, no claudicaremos y, al final, derrotaremos a ETA con toda la fuerza de la ley y del Estado de derecho.