Error y responsabilidad

El atentado cometido por ETA el pasado 30 de diciembre puso en evidencia la absoluta desinformación con la que el Gobierno está conduciendo su política antiterrorista. La pregunta es si esa total desorientación, que condujo al propio presidente del Gobierno a alardear de la ausencia de muertes tan sólo un día antes de cometerse el brutal atentado de Barajas, fue un error inducido por fallos de los servicios de inteligencia o se trata de un error político en la valoración de la información facilitada por esos servicios al Gobierno.

El teatral reconocimiento de su error por parte de Zapatero en sede parlamentaria parece indicar que se trata más bien de una equivocación personal y exonera en buena medida de responsabilidad a nuestros servicios de información, a pesar de alguna insinuación contraria emitida desde el PSOE para tratar de encubrir la ineptitud del presidente. La ausencia de ceses en las Fuerzas de Seguridad, más allá de la dimisión con carácter previa del número dos del Centro Nacional de Inteligencia, supuestamente por desavenencias con la política del Gobierno, así como informaciones sobre posibles relevos de segundo nivel en la Comisaría General de Información del CNP, avalaría también que estamos más ante un error político del presidente que ante una negligencia profesional de los agentes de inteligencia.

En todo caso, sin tener acceso a los informes facilitados por los diferentes órganos de inteligencia con los que cuenta el Gobierno, es difícil hacer una valoración definitiva de la cuestión. A falta de esa constatación, la tesis más probable es que Rodriguez Zapatero hiciera mucho más caso de las confidencias que le trasmitían sus negociadores que de los probablemente más cautelosos informes de las Fuerzas de Seguridad. Las propias ansias del presidente para que su proceso llegara a buen puerto habrían hecho que la interpretación que Zapatero hacía de esa información fuera aún más optimista de lo que sus propios enviados le trasmitían.

Sin embargo, el atentado de Barajas pone también en evidencia que el grado de control que Policía y Guardia Civil habían alcanzado sobre ETA ha disminuido en los últimos años. La banda terrorista había intentado un atentado a gran escala como el de Barajas en al menos otras dos ocasiones. Pero en ambos casos la tentativa fue abortada por la actuación de la Guardia Civil interceptando los explosivos. Es evidente que en esta ocasión no fue posible evitarlo.

Ahora la fuga masiva de los miembros de Jarrai y Ekin condenados por terrorismo por el Tribunal Supremo ha vuelto a poner de manifiesto que la eficacia policial en la lucha contra ETA ha disminuido notablemente. La ausencia de detenidos desde la declaración del alto fuego ya lo hacía sospechar. Haber atenuado la presión policial sobre ETA para favorecer su proceso de negociación constituye el principal error de la política antiterrorista puesta desarrollada por Zapatero desde su llegada a La Moncloa. El presidente debería asumir la responsabilidad no sólo de haberse equivocado radicalmente en sus predicciones, sino algo aún mucho más grave, haber consentido el rearme y la recuperación de una organización terrorista que se encontraba profundamente herida.