Al borde del precipicio

El presidente del Gobierno ha ordenado "suspender" todo contacto con ETA. Nuestro idioma es muy rico en matices. Suspender es detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, no cancelar ni romper.

Esta suspensión de las conversaciones con ETA responde, según el presidente, a la necesidad de cumplir la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005, pues el final dialogado de la violencia quedaba supeditado a la manifestación inequívoca por parte de ETA de su voluntad de disolverse. Sin embargo, el presidente ha venido haciendo caso omiso del mandato del Congreso. Lo cierto es que la banda terrorista nunca puso fin a su actividad delictiva.

Desde hace algún tiempo, los dirigentes de la ilegalizada Batasuna han denunciado que el proceso estaba estancado o en vía muerta. A pesar de ello, nada parecía perturbar el optimismo del presidente. Ni el robo masivo de armamento en Francia, ni el intento de quemar vivos a dos policías municipales, ni el atentado de Barañáin –que el Gobierno, para su sonrojo, se negó a atribuir a ETA–, ni el chantaje a los empresarios, ni los sabotajes a autobuses urbanos, establecimientos bancarios, oficinas judiciales y sedes de partidos o sindicatos, ni las amenazas e insultos a los cargos constitucionalistas, ni los zulos de factura reciente. "Dentro de un año estaremos mejor que hoy", dijo veinticuatro horas antes de que ETA le devolviera a la cruda realidad.

Pero el atentado no aparta al presidente de su voluntad de llegar a un acuerdo con los terroristas. A pesar de la aparente firmeza de sus palabras, Rodríguez Zapatero tiene muy presente el proceso irlandés. También en él hubo atentados mortales a los que el presidente, en una memorable entrevista, llegó a calificar de "accidentes" y el proceso no se rompió. Por eso, ya se curó en salud desde un principio cuando dijo que el proceso sería "largo, duro y difícil". Pero no conviene olvidar –lo dijo hace un par de semanas en el Congreso– que el buen fin del proceso requiere "tiempo, templanza y tenacidad". Está claro que el presidente Rodríguez Zapatero no tiene ninguna intención de renunciar a su proceso de paz. Por eso dijo suspensión, no ruptura. En ningún momento anunció su retorno al Acuerdo por las libertades y frente al terrorismo que él mismo impulsó en el año 2000 a raíz de la ruptura de la tregua de 1998.

El presidente invocó los términos de la resolución de mayo de 2005. Pero olvida que un mes más tarde, a iniciativa de UPN, el Congreso aprobó –cono la abstención de los grupos nacionalistas– otra resolución reafirmando la validez del Acuerdo por la paz y la tolerancia firmado por las fuerzas democráticas navarras en 1988: "Ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular". Más claro, agua.

 La declaración del presidente formulada en el zaguán del Congreso el pasado 29 de junio supuso una flagrante vulneración de lo dispuesto en esta segunda resolución al aceptar, en paralelo con las conversaciones del Gobierno con ETA, la constitución de una mesa de "agentes políticos, sociales, económicos y sindicales" para negociar un nuevo marco o estatus político vasco, todo ello con el ingenuo, beatífico o tal vez ignorante propósito presidencial de "refundar la convivencia en Euzkadi". En definitiva, el presidente anunció su disposición a negociar con ETA, a través de sus apoderados, un acuerdo político con el fin de lograr la paz. Y esto es moralmente inadmisible.

 El presidente tuvo en la tarde de este sábado la oportunidad de recuperar la unidad de la nación frente al terrorismo. En su lugar, ha vuelto a tender la mano a los terroristas a los que está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Se dirá que el presidente ni ha acercado presos ni ha hecho ninguna concesión política hasta ahora. Pero ha hecho algo peor. Ha sentado las bases para la rendición del Estado al admitir la creación de una asamblea constituyente de Euskal Herria –pues no otra cosa es la anhelada mesa multilateral–, para negociar un nuevo marco político, sin limitaciones de agenda y, por tanto, con posibilidad de hablar de la autodeterminación y, claro es, de Navarra. Ha admitido la existencia de un conflicto político vasco. Ha certificado la defunción del Estatuto vasco. Ha hecho llamamientos al poder judicial para que miren hacia otro lado durante el proceso. Ha llevado el asunto a Europa. Ha tolerado el llamado terrorismo de baja intensidad. Ha legalizado de facto a Batasuna, que actúa con toda impunidad a pesar de su disolución judicial. Y hasta se ha llegado a la ignominia de ver que un juzgado de la Audiencia Nacional investiga un posible "chivatazo" policial a los etarras para frustrar una operación contra la mafia de extorsión a los empresarios.

Rodríguez Zapatero ha llevado a España al borde del precipicio. Aún tiene tiempo de rectificar. Si lo hace contará con el respaldo incondicional del PP y de UPN. Pero si no lo hace, tiene el deber moral de convocar elecciones para obtener el refrendo popular a su política de claudicación, por cuanto no ha hecho honor al compromiso que asumió en su programa electoral del 14-M: "Nos comprometemos al cumplimiento escrupuloso y estricto del Pacto de Estado Por la Libertad y Contra el Terrorismo, a mantenerlo vivo y en vigor hasta la derrota total de ETA o su disolución efectiva". Conviene recordarlo: "Quienes la practican (la violencia), quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto de la sociedad... El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría... Afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno... Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional (Parlamento vasco)... El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia".

Justo lo contrario de lo que ha hecho y pretende el presidente del Gobierno. Está claro que su palabra sólo valió para poner pies en polvorosa en Irak.