Consenso, legalidad y democracia

La celebración del 28º aniversario de nuestra Constitución ha provocado una múltiple llamada a recomponer el consenso en materia de lucha contra el terrorismo, un consenso que Rodriguez Zapatero rompió en pedazos al iniciar de forma unilateral y secreta su proceso de negociación política con la banda terrorista ETA.

 

Es indudable que el consenso entre los partidos políticos resulta un pilar fundamental en la lucha contra el terrorismo. El Pacto por las libertades y contra el terrorismo, suscrito por el Partido Popular y el PSOE hace cuatro años y hoy lamentablemente convertido en papel mojado por el presidente del Gobierno, establecía en su primer punto la “voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”.

 

Hay sin embargo dos principios en la lucha contra el terror, incluidos también el propio pacto por las libertades, que están por encima de esta necesidad del consenso: el respeto al Estado de Derecho y la supremacía de la democracia sobre la violencia. No es legítimo exigir al Partido Popular, como diariamente hace el Gobierno a base de acusaciones de deslealtad, partidismo y doble moral, que secunde su negociación política con ETA, una negociación que está socavando en si misma el Estado de Derecho y que violenta el sistema democrático al reconocer una interlocución política a quiénes ejercen la violencia.

 

Nadie puede dudar de la voluntad de consenso del PP en esta materia. El gran acuerdo político alcanzado en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo fue de hecho uno de los grandes aciertos de José Maria Aznar como presidente del Gobierno, una unidad democrática que junto con la movilización social, la cooperación internacional y la eficacia de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial caracterizó la lucha contra el terrorismo en la etapa de los gobierno del PP. El éxito de aquella política llevó a ETA al peor momento de su historia, haciendo albergar en la sociedad española la esperanza fundada de que el terrorismo iba a ser derrotado definitivamente más pronto que tarde.

 

Mantener este consenso entre los partidos políticos, al menos entre aquellos que tienen opción a la alternancia democrática, resultaba esencial por tres motivos. En primer lugar, porque representa la determinación unánime de la sociedad de derrotar a los terroristas. En segundo término, porque permite sostener una política antiterrorista sin fisuras a lo largo del tiempo. Por último, pero aún más relevante, porque hace perder toda esperanza a los terroristas de poder obtener rédito político alguno de su acción criminal, gobierne quien gobierne en España. Por eso, haber roto ese pacto, que el propio Zapatero impulsó desde la oposición, constituye una de las más graves irresponsabilidades cometidas por el actual presidente del Gobierno desde que asumió el poder.

 

Ahora bien, el valor del consenso no puede situarse por encima de principios que resultan aún más esenciales en la lucha contra el terror. El primero de esos principios es el de legalidad. El consenso político no puede utilizarse como un manto de impunidad para violar la Ley. Al terrorismo sólo es lícito derrotarlo en el marco del Estado de Derecho, utilizando todos los resortes legales que permite ese Estado, pero sin buscar ningún tipo de subterfugio al margen de la legalidad.

 

¿Es lícito exigir a la oposición apoyo al Gobierno en políticas que se sitúan fuera del marco de la Ley? En España tenemos por desgracia el recuerdo relativamente reciente de acciones ilegales por parte de gobiernos socialistas que resultaron no solo delictivas e inmorales, sino también claramente contraproducentes para los efectos que perseguían. La pregunta ahora es si el proceso de negociación política abierto entre el actual presidente del Gobierno y la banda terrorista ETA está violentando nuevamente nuestro Estado de Derecho. En mi opinión, la respuesta a esta cuestión es afirmativa en al menos tres aspectos fundamentales. Primero, porque desde el Gobierno y el PSOE se está presionando burdamente al Poder Judicial para que favorezca el actual proceso de distensión. Segundo, porque el Gobierno está instrumentalizando a la fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad para que atenúen su acción antiterrorista en función de las nuevas circunstancias, incluyendo el relevo de aquellos fiscales que eran particularmente activos en la lucha contra ETA e incluso avisando a los propios terroristas sobre investigaciones judiciales o policiales en curso. Tercero, porque se está incumpliendo la Ley de Partidos, permitiendo concurrir a las últimas elecciones autonómicas al Partido Comunista de la Tierras Vascas y rebajando ahora los criterios establecidos por la propia Ley para la legalización de Batasuna, a la que ya no se le exige una condena expresa del terrorismo.

 

Un segundo principio que resulta también irrenunciable en la lucha contra el terrorismo es la supremacía democrática que impide ofrecer a quiénes ejercen la violencia ningún tipo de interlocución o premio político. Es un principio fundamental tanto desde un punto de vista de la dignidad democrática, la voluntad de una mayoría pacífica no puede ser derrotada por los deseos de una minoría violenta, como desde un punto de vista práctico, si ofrecemos un premio político a los terroristas estaremos propiciando el ejercicio de la violencia como un medio eficaz de alcanzar objetivos políticos.

 

Nuevamente cabe preguntarse en que medida el proceso de negociación política abierto por Zapatero con ETA está violentando este principio democrático. En mi opinión, el propio reconocimiento como interlocutor político de un partido ilegal como Batasuna que forma parte de una organización terrorista resulta, más allá del carácter delictivo o no de esos encuentros, un claro atentado contra este principio democrático.

 

Por otro lado, la predisposición del presidente del Gobierno a hacer concesiones políticas en una mesa de partidos al margen de las instituciones parlamentarias legítimas y con el fin de lograr una supuesta normalización del País Vasco, lo que supone de antemano el reconocimiento de un conflicto político a mi juicio inexistente, resulta inadmisible desde un punto de vista democrático. Máxime si en esa mesa se tiene como interlocutores a los representantes políticos de una organización terrorista, se negocia de antemano con ellos una agenda para el dialogo que desborda nuestro marco constitucional y se consiente un tutelaje del proceso por parte de ETA, que no solo no se disuelve ni muestra voluntad de abandonar la actividad criminal, sino que se constituye en una especie de garante de las posiciones políticas de Batasuna con la amenaza de volver a ejercer el terrorismo si sus demandas no son satisfechas. ¿Es posible una mayor vulneración del principio democrático que un proceso de negociación en estas condiciones?

 

Habrá quién compartiendo estas razones para que el Partido Popular no apoye el actual proceso de negociación con ETA, considere que dada la importancia de salvaguardar el consenso el PP debería al menos callar prudentemente. Sin embargo, cuando lo que está en juego es la propia supervivencia de nuestro Estado de Derecho y nuestra dignidad democrática, incluyendo en ella la memoria de las miles de victimas causadas por la barbarie terrorista a lo largo de más de tres décadas, es obligado política y moralmente alzar la voz clara y firme en defensa de la legalidad y de la libertad, en vez de ejercer un silencio que en última instancia sería cómplice de este proceso.

 

Es más, en mi opinión, la independencia de la que está haciendo gala el poder judicial frente a este proceso, la impresionante movilización social liderada por las victimas en contra de la negociación con los terroristas y la firme oposición política ejercida por el Partido Popular están logrando que el actual proceso de negociación de Zapatero con ETA no termine en una vergonzante claudicación de la democracia española frente a los terroristas. Ojala que pronto podamos unir a esa fortaleza demostrada por el Estado de Derecho y a la creciente movilización social un consenso político que reafirme nuestra voluntad unánime de derrotar al terror.