Una Fiscalía plegada al chantaje terrorista

Aunque la mentira institucionalizada en torno al mal llamado "proceso de paz" pretenda hacérnoslo olvidar, nuestros lectores seguro que recordarán el comunicado de ETA del pasado mes de junio, en el que la organización terrorista amenazaba públicamente con "volver a la lucha armada" si el Gobierno de Zapatero "no daba los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite" para la autodeterminación de "Euskal Herria". No fue aquella ocasión, desde luego, ni la primera ni la última vez que los terroristas han exigido erradicar esos "obstáculos" jurídicos para no entorpecer esa "paz", que no es otra cosa que la impune y exitosa consecución de los objetivos secesionistas por los que han matado –y dejado de matar– tantas veces.

Desde junio, son muchos los pasos que, desde los preparativos de la mesa de partidos, hasta los de la burla electoral de Batasuna a la Ley de Partidos, pasando por la "internacionalización del conflicto" en sede europea, el Gobierno del 14-M ha seguido dando para contentar a ETA y para tratar que el espejismo de esta claudicante y prenegociada "paz" le dure hasta las elecciones.

En cualquier caso, si recordamos ahora las veces en que la ETA ha exigido que el Estado de Derecho no sea un "obstáculo" para la paz, sólo es para añadir gravedad a las bochornosas declaraciones del fiscal general del Estado, para quien "la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos".

Diga lo que diga Conde Pumpido, cuando hay "procesos políticos" que, como la creación y desarrollo de los GAL, circulan al margen del Estado de Derecho, por supuesto que la Justicia debe obstaculizarlos. Y poco importa que ese "proceso político" tenga como loable objetivo acabar con una banda terrorista. De igual forma, cuando hay un "proceso político", que pasa por sentarse a negociar con criminales que la Ley exige, en todo momento, detener, por supuesto que la Justicia debería obstaculizarlo; como también debería impedir cualquier "proceso político" que tratase de neutralizar "de facto" una ley en vigor, como la Ley de Partidos, para que, burlándola, los terroristas puedan seguir teniendo voceros en el Parlamento y subvención pública.

Sin embargo, este fiscal general, que tantas y tantas veces se ha alineado con las tesis de los abogados defensores de los presos etarras, que tantas y tantas veces ha hecho la vista gorda ante la Ley de Partidos, ante el terrorismo callejero, ante la extorsión a los empresarios o ante los homenajes a etarras en beneficio de la banda terrorista, no dudará en seguir como hasta ahora "para que no haya más muertos". Así, deja en evidencia que, lejos de interpretar la ley "sin inventos y sin atajos", lo que está dispuesto es a plegarla a la lógica del chantaje de ETA-Batasuna. Ese es, precisamente, el lamentable papel que Cándido Conde Pumpido está dispuesto a interpretar para su desprestigio como jurista: no ya el de un simple "abogado defensor del Gobierno" –tal y como le ha reprochado el senador popular, Agustín Conde–, sino el de una servil comparsa de un chantaje terrorista que un Gobierno como el de Zapatero se empeña en oxigenar y embellecer con los ropajes de la paz.