El Estatuto en el Constitucional

Ya apuntábamos hace dos meses la imperiosa necesidad de que el único partido de oposición se hiciese cargo de llevar a las más altas instituciones del Estado el atropello del Estatuto catalán. El esperado recurso ante el Constitucional llegó tarde, a finales de julio, un día antes de dar comienzo las vacaciones estivales, pero el esfuerzo ha terminado valiendo la pena: ayer fue admitido a trámite por el alto Tribunal.  

Los populares recurrieron 112 artículos del texto, nueve disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, es decir, más de la mitad del texto. Este recurso es el más ambicioso, pero no el único. Otras tres instituciones se han pronunciado contra el engendro jurídico nacionalista. Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, presentó uno por entender que existen indicios de inconstitucionalidad. Los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia hicieron lo propio porque alguno de sus artículos entran en conflicto con la Constitución española, especialmente los que atañen a la legislación de los recursos hídricos y a la gestión del territorio. 

Pese a todo, nos siguen pareciendo pocos. Ante un texto aberrante, que no ha creado más que polémica y que fue aprobado por la mínima en el referéndum de junio sorprende la tibiedad de muchos que se llenan la boca defendiendo la Carta Magna. O peor aun, que reclaman la vuelta a la legalidad republicana de 1931 pero que permanecen impasibles y son incapaces de mover un dedo por preservar la democracia nacida al calor de la Constitución de 1978.

El Estatuto catalán, que no por estar plenamente en vigor deja de ser total y absolutamente inconstitucional, fulmina muchas de las certidumbres jurídicas sobre las que se asienta la España actual. Pero no sólo eso, políticamente es un disparate intervencionista que consagra al Estado como rector exclusivo de la vida pública y envía al más severo ostracismo a los que disienten de la nueva Cataluña del Estatut, una Cataluña nacionalista por decreto, creada a la imagen y semejanza de sus actuales gobernantes. Esto es lo realmente novedoso y lo tristemente nocivo del Estatuto. Los artículos recurridos ante el Constitucional no son más que las herramientas legales imprescindibles para que los políticos que parieron el Estatuto puedan perpetuar su poder.

Ahora todo depende de que los magistrados del Tribunal Constitucional quieran hacer su trabajo. Si de verdad ejercen de jueces y se preocupan de cotejar el Estatuto con la Constitución, el texto salido del parlament en olor de multitudes y refrendado en la calle con más pena que gloria, tiene los días contados. Mal que le pese a Zapatero, auténtico responsable de todo el desaguisado. Esta es la última oportunidad para que la razón se imponga al sinsentido. Si los jueces del Constitucional fallan, si no saben o no quieren ver semejante desafuero podremos decir, con toda la razón de nuestro lado, que la Constitución está definitivamente muerta.