Los agujeros negros

¿Cómo es posible que un reducido grupo de delincuentes de medio pelo, fichados hasta la saciedad por la policía, tuvieran la capacidad técnica y estratégica para montar un atentado de la dimensión y eficacia del 11-M? Es evidente que este grupo debió recibir una dirección externa para la planificación de los atentados y un apoyo logístico para la confección de los artefactos. Quien dio esa dirección y ese apoyo sigue constituyendo casi tres años después el principal agujero negro que sigue existiendo en la investigación de este brutal atentado.

Para colmarlo han surgido las teorías más variopintas. La primera, y más razonable, es una conexión con la yihad internacional aún por descubrir y probar. La segunda apuntaría a una conexión con ETA, sobre la que no existen pruebas concluyentes, pero que en ningún caso puede descartarse totalmente tras la aparición de algunos indicios. La tercera sería un apoyo de algún servicio de inteligencia extranjero interesado en desestabilizar políticamente nuestro país, una hipótesis quizá excesivamente sofisticada. La peor de todas apuntaría a una complicidad de las propias fuerzas de seguridad en conexión con el partido entonces en la oposición para derribar al Gobierno del PP, una tesis que parece demasiado horrible para ser cierta. Podríamos enumerar alguna más, pero estas son las que más se han difundido.

El problema es que nadie sabe cuál es la verdad. Lo único cierto es que ese apoyo externo debió existir y que el Gobierno parece empeñado en no investigarlo. Esa negativa del Gobierno, que cada vez que es preguntado por este atentado arremete con desmesura a quién hace la pregunta, es la que despierta en muchos ciudadanos una sospecha cada vez más generalizada de que en realidad Zapatero tiene algo que esconder sobre estos atentados.

Pero al margen de cualquier teoría conspiratoria, es también una realidad incuestionable que hubo numerosos fallos en la actuación de las fuerzas de seguridad antes y después de los atentados. Varios autores materiales de las explosiones fueron investigados, detenidos en sucesivas ocasiones, fichados, escuchados y seguidos en diversas operaciones de investigación hasta escasos días antes de los atentados, sin que las fuerzas de seguridad fueran capaces de descubrir qué estaban tramando. Las primeras investigaciones policiales concluyeron en una hipótesis, la autoría exclusiva de ETA, que luego se demostró absolutamente falsa. En la investigación judicial posterior se han producido a su vez notables errores policiales e incluso judiciales.

No hay que rasgarse en exceso las vestiduras por esta sucesión de fallos. Como se dice muchas veces, basta que se falle una vez, aunque se acierte cien, para que se produzca una catástrofe de esta magnitud. Lo que ya no tiene ninguna lógica es que los responsables policiales de tales desaguisados sean ascendidos, promocionados y premiados con codiciados destinos en el extranjero. No se trata de desacreditar a las fuerzas de seguridad como instituciones, ni de condenar a los cuerpos como colectivos, simplemente se trata de depurar graves responsabilidades profesionales individuales o al menos no tener la desfachatez de premiar la incompetencia, la deslealtad o las corruptelas de algunos individuos. Por el contrario, la actitud del Gobierno de premiar a los responsables de esos desaguisados, especialmente a aquellos que les filtraban la información antes incluso de facilitársela al Gobierno, hace alimentar las peores sospechas de muchos ciudadanos.