¿Cómo va a perseguir el Ministerio del Interior a los autores de esas cartas de extorsión –que los etarras justifican por razón de financiación- si Rubalcaba se resiste a reconocer la existencia misma del delito?
Las amenazas que ETA ha dirigido al gobierno francés por mantener plenamente vigentes y activos su Estado de Derecho y su política antiterrorista –que los etarras denuncian como “represión”-, constituyen, junto a las nuevas cartas de extorsión a empresarios vascos, la noticia más significativa referente a ese pacto-tregua que el gobierno de ZP insiste en disfrazar con los ropajes de la paz.
ETA ha dejado por enésima vez en evidencia en este último comunicado que el objetivo de su chantajista “alto el fuego” es el mismo que ha venido exigiendo siempre por dejar de matar: la construcción de una Euskal Herria soberana, “sin injerencia alguna del Estado español y francés”.
A diferencia del español, el Gobierno francés no está dispuesto a sortear el Estado de Derecho ni a mantener ningún diálogo con la organización terrorista; Menos aun a cambiar ningún marco jurídico-político de ninguna de sus regiones para tratar de apaciguar –más bien oxigenar- al terrorismo nacionalista. Por el contrario, se ha mantenido siempre impertérrito ante los anuncios de "treguas" y "altos el fuego", manteniendo su persecución a los prófugos de la Justicia, mantengan o no en activo su "lucha armada".
La actitud del Gobierno francés ante los comunicados de ETA constituye todo un ejemplo de lo que es una democracia respetuosa con su Estado de Derecho; que deja en mal lugar al gobierno del 14-M y que irrita justificadamente a una organización terrorista que exige, no sólo impunidad, sino nueces políticas a cambio de la “irreversibilidad” de su alto el fuego.
Es cierto que la condescendencia del Gobierno de Zapatero ante sus chantajistas compañeros de viaje ha oxigenado y envalentonado a los etarras hasta límites insospechados. Es evidente, asimismo, que los etarras estarían encantados con que también cundiese, fuera de España, el llamado “ejemplo Zapatero”, tal y como pretendieron lograr en su día -y siguen pretendiendo todavía- los terroristas islamistas.
Sin embargo, no es probable que las amenazas de ETA den luz en Francia a ningún “proceso de paz” ni a ninguna oferta de “diálogo” por parte del gobierno galo. Entre otras cosas, porque Chirac tendrá muchos defectos, pero ni él ni ningún dirigente francés u occidental ha tenido -ni aspira a tener- como principal socio de gobierno a una formación radical y separatista, abiertamente contraria a la nación y a la Constitución, como es la formación con la que ETA admitió haber diseñado en Perpiñán “estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español”.
Ningún dirigente francés u occidental ha accedido a la presidencia del Gobierno haciéndole el juego político a los autores de una masacre como la del 11-M, con independencia de que fueran galgos o podencos los terroristas que la perpetraron. Ningún dirigente francés rompería con el principal partido de la oposición, para consensuar con formaciones separatistas –sean o no terroristas- un nuevo marco jurídico-político, ya sea en Cataluña o en el País Vasco.
El “pacifista” gobierno del 14-M, sin embargo, sigue mintiendo sin tregua con tal de maquillar la naturaleza chantajista de sus cada vez más envalentonados compañeros de viaje.
No sólo nos referimos a la manipuladora interpretación que los gobernantes españoles ha dado a las amenazas de ETA dirigidas al Gobierno francés, sino a ese proceso de ocultación –que ellos llaman de “verificación”- respecto a las nuevas cartas de extorsión que han recibido los empresarios vascos. Poco importa que no sean las primeras que se producen desde el “alto el fuego”; poco importa que la propia ETA haya reconocido su existencia y las haya justificado, como hizo recientemente en Gara, por motivos de “necesidad económica”: El gobierno no lo reconoció en esa farsa de la “verificación”.
¿Cómo va a perseguir el ministerio del Interior a los autores de esas cartas de extorsión que los terroristas no incluyen en su "alto el fuego", si Rubalcaba se resiste a reconocer la existencia misma del delito? ¿Nos ha de extrañar el tiempo que la policía española lleva sin detener a ningún etarra? ¿Nos han de extrañar las presiones del gobierno del 14M a los tribunales para que no se entorpezca la negociación con ETA?
Las mentiras de este Gobierno colaboracionista deben ser denunciadas en Europa y ante lo que queda de nuestro Estado de Derecho. Sus mentiras son la "prueba del algodón" de que lo que perpetra el Gobierno del 14-M no es un error, sino una infamia.
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