Responsabilidades políticas y memoria histórica

Este es el segundo y último artículo de una serie de dos en los que se divide el ensayo que Jaime Ignacio del Burgo ha escrito sobre el escándalo de la detención ilegal de dos militantes del PP. Puede consultar la primera entrega.

El que fuera ministro del Interior y hoy ministro de Defensa, José Antonio Alonso, compareció en el Congreso a requerimiento del Grupo Popular para dar su versión de lo ocurrido. Sostuvo que hubo agresión contra el ministro Bono y avaló la versión de los policías condenados, llegando incluso a rechazar que hubiera habido "tres instructores de las diligencias", afirmando además que "es falso que el comisario-jefe expulsara de las dependencias policiales a un funcionario".

Los hechos probados por la Audiencia Provincial demuestran que el ministro Alonso no sólo no dijo la verdad en el Parlamento sino que defendió y, por tanto, encubrió la conducta delictiva de los condenados. Consintió, además, que se enviara al ostracismo al inspector número 16.444 que, dando prueba de una encomiable entereza, se negó a cumplir la orden de detención ilegal.

La petición al ministro Alonso para que presente la dimisión es proporcionada ante la gravísima violación de los derechos fundamentales de los dos militantes del Partido Popular. Conviene recordar que el artículo 17.1 de la Constitución proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y determina que nadie puede ser privado de su libertad sino en la forma y en los casos previstos por la ley.

En las proximidades del ministro Bono se hallaba un sinnúmero de personas, aunque la "cápsula de seguridad" impidió que pudieran acercarse al mismo y, por tanto, agredirle, si alguien tuvo intención de hacerlo. ¿Por qué se detuvo, precisamente, a los militantes del PP? Sin duda para transmitir la idea de que la oposición practica o convive con actitudes de la extrema derecha. Se trató de una detención por razones políticas. Resulta sospechoso que fuera el diario El País quien identificara precisamente a los dos militantes del PP de las Rozas. Y más aún que el delegado del Gobierno, que sin duda actuó con el conocimiento de la cúpula del Ministerio del Interior, hubiera anunciado las detenciones cuando no había ni un solo dato objetivo que avalara tal decisión. La Audiencia Provincial es en este punto prudente, pero "tiene la leve sospecha de que las previsiones o vaticinios de las detenciones" que hizo Constantino Méndez –que al menos ha tenido la gallardía de asumir sus responsabilidades políticas, tal vez con la esperanza de servir de "cortafuegos" del incendio que podía abrasar al compañero de pupitre del presidente Rodríguez Zapatero– "pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados, quienes se olvidaron que son Policía Judicial, sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de Derecho e hicieron ciertas las afirmaciones del señor Delegado del Gobierno en Madrid".

Memoria histórica: la doctrina del PSOE sobre la responsabilidad política

Hagamos un poco de memoria histórica. Recién instaurada la democracia en España se produjo un hecho que puso en pie de guerra, y no sin razón, al Partido Socialista. El 27 de agosto de 1977 se produjo un grave incidente en Santander. Jaime Blanco, diputado socialista, fue detenido en el curso de una algarada por defender a un ciudadano que estaba siendo reducido por un agente de la Policía Armada como autor de los disturbios producidos al término de una manifestación convocada por la izquierda en pro de la autonomía de Cantabria. El alborotador, a causa de la intervención del diputado, pudo darse a la fuga. Hubo dos versiones contrapuestas. El diputado afirmó que se había identificado como tal y a pesar de ello había sido detenido y conducido a dependencias policiales. En el camino al cuartel de la Policía Armada fue agredido por un agente de paisano fuera de servicio. Los policías que practicaron la detención mantuvieron que no conocieron la condición de diputado de Blanco hasta que estuvieron en el cuartel policial. Tan pronto como el jefe de la Policía Armada fue informado de su detención ordenó su puesta en libertad. Se abrió expediente disciplinario al agente agresor del diputado.

El portavoz socialista, Gregorio Peces Barba, denunció lo ocurrido de inmediato a la Mesa del Congreso que designó una comisión de investigación integrada por el centrista José Luis Navarro y el entonces comunista Pablo Castellano. El informe se debatió en la sesión del día 13 de septiembre de 1977 y al día siguiente se presentaron diversas mociones. El PSOE no pidió la dimisión del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, pero sí lo hicieron los socialistas catalanes. Las mociones de reprobación del ministro no prosperaron. Fue el primer pleno de la democracia y la detención ilegal constituyó el único punto del orden del día.

En aquella histórica sesión, los socialistas abogaron por la urgente necesidad de reconvertir a los cuerpos policiales procedentes del régimen franquista para transformarlos en una verdadera policía democrática no represiva sino garante las libertades recién estrenadas.

Merece la pena recordar la postura de Felipe González:

Nosotros concebimos y defendemos la existencia de las Fuerzas de Orden Público. No pretendemos, como se hizo en los comienzos del régimen franquista, ni supresiones ni creación de Cuerpos generales distintos. Simplemente queremos que las Fuerzas de Orden Público se sitúen en el papel que les corresponde. Es decir, en el papel de defensores de la legalidad democrática que, en definitiva, es la voluntad emanada de la mayoría del pueblo... Queremos que las Fuerzas de Orden Público actúen con reglamentos claros, que en su propio seno se elimine cualquier comportamiento arbitrario; que conozcan sus derechos y facultades, que actúen, en definitiva, al servicio del pueblo y para el pueblo.

Más contundente se mostró Alfonso Guerra:

Hay, sin duda, una responsabilidad directa de los números de las Fuerzas de Orden Público que puedan cometer una falta, pero ésa es una responsabilidad menor; la mayor es la delegada, la que pertenece a las autoridades gubernativas, en este caso al Gobernador Civil y al Ministro del Interior... Para nosotros se trata de mucho más que del hecho del incidente con un Diputado. Se trata del respeto de los derechos humanos, porque sino hubiese sido un Diputado, tal vez los jóvenes golpeados el 27 de agosto en Santander no hubieran podido hacer llegar a la opinión pública la existencia de este incidente. Se trata, por tanto, del respeto de los derechos humanos que todos debemos defender, entre ellos las Fuerzas que, justamente por ser de Orden Público, están comprometidas en su respeto.

 

Y sentenció:

 

Pero en verdad, ante estos sucesos, ¿quién tiene que responder ante las Cortes? Desde luego, no los autores materiales, que están cumpliendo órdenes, instrucciones. Tiene que responder el Gobierno, y concretamente el Ministro del Interior... Y de todo esto, ¿quién es el responsable? El responsable es usted, señor Martín Villa, usted, señor ministro del Interior; usted, que es el símbolo del franquismo en este Gobierno.

Los hechos posteriores demuestran que Rodolfo Martín Villa, procedente de los sectores reformistas del franquismo, tuvo éxito en la difícil y delicada tarea de transformar a la temida Policía Armada en una policía al servicio del binomio libertad-seguridad. A él se debe el cambio de denominación –Policía Nacional– que llevaba implícito el abandono de comportamientos represivos para convertirse en un cuerpo de defensa de las libertades y de la seguridad de los ciudadanos.

Por eso resulta inconcebible que un partido, cuyos máximos dirigentes defendían con tanta contundencia la necesidad de esa policía democrática, olvide cuando está en el poder que el respeto a la ley y a los derechos humanos figura en el frontispicio de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Con el agravante de que el ministro del Interior, encubridor de una actuación tan manifiestamente ilegal, pertenece a la carrera judicial. La Justicia ha hablado y ha desautorizado, a pesar del bochornoso amparo de la Fiscalía General del Estado, no sólo a los policías que tan abusivamente actuaron sino al ministro del Interior y al Gobierno por mandar al ostracismo a un policía ejemplar que cumplió con su deber al negarse a ejecutar una orden ilegal, injusta y arbitraria. Al ponerse, por puro sectarismo político, del lado de los que delinquieron para beneficiar al partido en el poder, el ministro Alonso ha menguado casi hasta el extremo la legitimidad moral para sentarse en el Consejo de Ministros. También el ministro Bono mintió, según la sentencia, cuando afirmó haber sido agredido.

Pero Alonso resistirá. Su estrategia pasa por parapetarse en primer lugar detrás del presidente del Gobierno y después en los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial demorando ad calendas grecas cualquier asunción de responsabilidad. Pero los hechos probados son irrefutables y las responsabilidades políticas, ineludibles.

Post scriptum

Después de escrito este artículo, y el mismo día en que en el Congreso el Grupo Popular iba a exigir la dimisión del ministro Alonso, la cadena SER revela que una ciudadana navarra, que quiere mantener su identidad en el anonimato, había presentado en el Juzgado número 4 de Pamplona una denuncia acusando a los dos militantes del PP de intento de agresión al ministro Bono. Según su versión, no sólo vio el intento sino que consiguió evitar que los denunciados lograran su propósito. Pronto supimos que se trataba de una militante socialista y otros testigos presenciales han declarado que se trata de una incalificable fabulación. Por otra parte, se olvida que la sentencia de la Audiencia Provincial ha establecido de manera indubitada que el ministro no fue objeto de agresión alguna. Ampararse en el falso testimonio de una de sus militantes o el de su marido demuestra que el PSOE no tiene ninguna intención de regresar al idealismo democrático de la transición. Pobre España.