Acabar con España como sea

Hace poco más de un año, el presidente del Gobierno aseguraba que el fracaso de antiguas constituciones se debía a que "se hicieron constituciones de partido, se hicieron normas políticas con el 51%, y las normas políticas con el 51% para ordenar la convivencia acaban en el fracaso". Y acertadamente indicó que ese porcentaje era suficiente para gobernar, pero que las "normas institucionales básicas" debían buscar un porcentaje "del 70, el 80, el 100". Sin embargo, aquello era el Plan Ibarretxe, y Zapatero no tenía pacto alguno con el PNV para destruir la soberanía española. Ahora, en cambio, sí lo tiene con el nacionalismo catalán. De modo que se ha aprobado con el 54% del Congreso, y se aprobará con un porcentaje aún menor –como mucho, un 52%– en el Senado.

La defensa socialista de su texto ha sido todo menos contundente. Aun los magos de la propaganda necesitan, en ocasiones, algo de material sobre el que trabajar, y tienen dificultades cuando carecen de él. De modo que la vicepresidenta sólo ha acertado a balbucear naderías solemnes como que "sólo integrando la diversidad en la unidad, es posible crear una España sin exclusiones ni excluidos", palabrería hueca que carece de significado real alguno. Tan mal quedaba la cosa en los telediarios, que el mismo Zapatero que aseguró que "devolvería" al parlamento la importancia que supuestamente le había quitado el PP, y que no ha tenido "la valentía ni la vergüenza torera" de comparecer ante él para defender su Estatuto, ha otorgado a Telecinco la exclusiva de una próxima convocatoria del Pacto Antiterrorista. Los mismos periódicos que silenciaban lo que iba a ocurrir en el Congreso, ocultarán bajo esa promesa lo que ha aprobado en él.

En cambio, Mariano Rajoy, en su excelente intervención parlamentaria, ha aportado razones, centrándose en dos argumentos principales. El primero es que "se acaba de establecer por primera vez en la historia de España que Cataluña es una nación", tal y como afirmó Mas. Una realidad que no se limita al preámbulo ni a la sacralización en el articulado de himno y bandera como símbolos "nacionales", sino que se explicita en muchos otros artículos. Por ejemplo, en los derechos de veto que la Generalidad se reserva para muchos de los asuntos que se aprueben en el Parlamento español, sin que el Gobierno pueda en cambio entrometerse en las competencias que el Estatuto blinda para Cataluña. Es éste un Estatuto que transforma al resto de España en una mera colonia de la clase política catalana.

El segundo argumento de Rajoy es que la redacción final está plagada de "supuestos derechos colectivos" colocados "por encima de los individuales", en nombre del "rígido ideario nacionalista". El más llamativo, la imposición del catalán, que implica que "la lengua no se pone al servicio de las personas como un factor de entendimiento, sino al servicio de una construcción nacional". Poco respeto por la libertad puede tener una norma básica de convivencia que incluye la instauración de un órgano censor como el CAC. Un Estatuto que impone un modelo de sociedad, es un Estatuto que no cumple su función como campo de juego en el que los jugadores puedan participar, pues ya está marcado que las instituciones habrán de ser nacionalistas y socialistas.

En definitiva, este Estatuto acaba con el concepto de ciudadanía en nuestro país. En Cataluña, la bendecida intromisión de la política en la vida privada de los catalanes será tal que no cabrá para ellos otro calificativo distinto al de súbditos; sólo pueden existir ciudadanos en sociedades libres. Y en el resto de España, porque sin nación a la que pertenecer, tampoco se puede ser ciudadano de nada. Este es el engendro que ha aprobado, como sea, un magro 54% del Congreso. Tan sólo resta averiguar en qué régimen sobreviviremos los españoles, una vez demolido el de 1978.