Alberto Míguez
Coste mínimo, riesgo máximo
hace unos días un portavoz del SEPLA, el sindicato de pilotos comerciales españoles, declaró que en España sólo había tres inspectores para controlar a los aparatos que vuelan y aterrizan en nuestros aeropuertos
No pasa una semana sin que se produzca un nuevo accidente de aviación. Este verano ha sido dramático y tal vez no hemos terminado. Hace unas horas fue en Sumatra, un avión de una compañía indonesia. Ayer o antes de ayer en Venezuela, en Perú o en Grecia. El expediente de culpar a las compañías de bajo coste por estos accidentes es de fácil recurso y mejor uso.
Pero la culpa no la tienen solamente estas compañías: la tienen también, y sobre todo, los gobiernos y los Estados. Por ejemplo: hace unos días un portavoz del SEPLA, el sindicato de pilotos comerciales españoles, declaró que en España sólo había tres inspectores para controlar a los aparatos que vuelan y aterrizan en nuestros aeropuertos. Tres inspectores para diez mil vuelos mensuales. El ministerio de Transportes, AENA y demás organismos dieron la callada por respuesta. Y qué decir de las múltiples e inútiles asociaciones de consumidores convertidas, ellas también, en negocios de bajo coste.
Cuando Francia, Suiza y el Reino Unido ofrecieron la lista de las compañías poco fiables a las que habían prohibido operar en su espacio aéreo y aterrizar en sus aeródromos, aquí algunas cándidas almas se pusieron como basiliscos. Lo mejor, al parecer, es callarse ante el riesgo que están sufriendo millones de pasajeros, aquí y fuera de aquí. Pedirle al gobierno español que haga algo semejante a lo que hicieron Francia o Inglaterra, es trabajo perdido: con tres inspectores estamos seguros y si pasa algo, pues que pase.
Hay algunas compañías supuestamente serias –Iberia es una de ellas– que suben los precios de sus billetes aprovechándose del monopolio o semimonopolio que tienen en ciertos destinos. Por ejemplo, Iberia y Air France, del bracete y muy alegres, se han hecho con el mercado francés y español gracias a una serie de concesiones y ajustando de común acuerdo precios y horarios. Cualquier ley antimonopolio debería condenarlas e impedir estas prácticas. Pero, tranquilos, aquí no pasa nada. Si al menos estas compañías garantizaran su seguridad y la de los pasajero. Pero, tampoco.
Ahora nos enteramos que algunas compañías de bandera y tronío –por ejemplo, Iberia– utilizan aviones de compañías “low cost” a quienes cubren con tal bandera convertida en muleta. Hace unos días viajé de Tenerife a Madrid (12 horas de retraso) en un avión con las siglas de Iberia pero que era propiedad….- de una compañía indonesia. ¿Alguno de los tres inspectores se habrá tomado la molestia de echarle un vistazo previamente? Dios nos coja confesados.
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