No existe motivo alguno para que a un alto cargo condenado a siete años por corrupción se le apliquen semejantes beneficios.
Rafael Vera, el que fuese todopoderoso secretario de Estado del felipismo más criminal, ya está en la calle. De lunes a jueves durante seis horas diarias, el ex alto funcionario de Interior disfruta de libertad gracias a una controvertida decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, centro donde se encuentra cumpliendo una pena de siete años por el caso de los fondos reservados. La excusa para burlar a la Justicia ha sido, esta vez, una presunta depresión causada por el régimen de aislamiento que Vera sigue en la prisión castellana.
Es la tercera vez que Rafael Vera se ríe a mandíbula batiente del garantista sistema jurídico y penitenciario con el que ha tenido la fortuna de lidiar. En el caso Lasa y Zabala fue absuelto. En la causa que se siguió a cuento del secuestro de Segundo Marey un tribunal le condenó a diez años de cárcel, pena que, curiosamente, el Gobierno presidido por José María Aznar alivió considerablemente gracias a un generoso indulto en 1998. En su tercer proceso la suerte no le sonrió a la primera, hace menos de un año y tras varias apelaciones el Tribunal Supremo consideró probado que Vera se había apropiado durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado de más de 600 millones de las antiguas pesetas. No todas para él ciertamente. Una buena parte del ilegal botín lo repartió entre sus conmilitones del ministerio. El secretario de Estado se quedó unos 141 millones aunque, tal y como precisó entonces el Alto Tribunal, “es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída”.
Ni sus lacrimosas demandas de inocencia ni las amenazas veladas que hizo en octubre pasado desde el diario El País sirvieron de gran cosa, o, al menos, no le sirvieron para evadir el ingreso en prisión. Zapatero se hizo el sueco con astucia tratando de sortear un escollo que le podría poner en un brete complicado. Su verdadera intención, sin embargo, ha quedado pronto en evidencia. No ha pasado ni un año y el hombre que ayer pedía que todos los que metieron la mano en la caja diesen la cara goza de un inmerecido e injustificable trato de favor en la cárcel. No existe motivo alguno para que a un alto cargo condenado a siete años por corrupción se le apliquen semejantes beneficios. Si Rafael Vera tiene problemas psicológicos derivados de su reclusión puede tratárselos dentro del centro penitenciario donde redime su pena. Y todo a cargo del contribuyente, el mismo al que estuvo robando sin pudor durante sus años como Secretario de Estado.
Como en las prisiones españolas nada pasa por casualidad, y menos cuando anda involucrado un socialista prominente de esos que se hicieron de oro en los plomizos años del felipismo, el ministro Alonso debe a la opinión pública una explicación inmediata. No es de recibo escudarse en la autonomía de las prisiones para tomar decisiones de orden interno. Rafael Vera no es un interno cualquiera y menos aún tras el escándalo que armó en los días previos a su entrada en el penal. Su dimensión política está fuera de toda duda y la demostración más palpable la tenemos en el hecho que su excarcelación parcial ha tenido lugar en pleno mes de agosto, momento idóneo para que pase lo más desapercibida posible. Así las cosas y con un delincuente convicto paseándose por la calle seis horas al día cuatro días a la semana sólo nos queda preguntarnos, ¿quién teme a Rafael Vera?
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