En lugar de disponerse a investigar y depurar las responsabilidades con prontitud, el Ejecutivo ha actuado en este caso a rebufo de la corriente de la opinión, a la espera de que la propia actualidad arrolle el interés por el caso.
La tranquilidad veraniega de Roquetas de Mar se ha quebrado con la noticia de la muerte de uno de sus vecinos en el cuartel de la Guardia Civil. No se conocen aún todas las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Juan Martín Galdeano. Pero sí sabemos que perdió su vida en dependencias policiales, y este hecho es de una extraordinaria gravedad. No es prudente prejuzgar lo ocurrido, pero sí se puede exigir de las autoridades diligencia y celeridad en la aclaración de los hechos. Precisamente lo que ha faltado por parte del Gobierno.
En torno a lo ocurrido destaca la figura de un teniente de la Guardia Civil que ya había sido denunciado anteriormente por amenazar de muerte a un detenido. La denuncia no ha pasado a su expediente, porque los hechos no se pudieron probar. Pero ahora sabemos que el mismo funcionario utilizó armas ilegales cuando redujo, con el concurso de otros ocho agentes, al vecino de Roquetas. El Gobierno, en lugar de intentar aclarar los hechos en el momento, apartó al teniente de la escena, suspendiéndole temporalmente por tres meses. Solo cuando la atención de los medios de comunicación se centró en este asunto ha recobrado el Gobierno la diligencia que tendría que haber mostrado desde el comienzo. Es más, ha caído en una sobrerreacción, utilizando expresiones innecesarias, como “llegar hasta el final” o “no nos temblará la mano”.
Pero antes de estas frases grandilocuentes, lo único que sabíamos del Gobierno es que algún responsable de Interior comparecería ante los grupos políticos en septiembre, lo que demuestra un escaso interés por esclarecer el asunto. Solo la presión de la opinión pública y de la oposición le ha hecho rectificar en un primer momento, prometiendo la comparecencia de Antonio Camacho, número dos de Interior, para rectificar una segunda vez y acabar prometiendo la comparecencia del propio ministro, José Antonio Alonso. En lugar de disponerse a investigar y depurar las responsabilidades con prontitud, el Ejecutivo ha actuado en este caso a rebufo de la corriente de la opinión, a la espera de que la propia actualidad arrolle el interés por el caso. Una prueba de que las autoridades se han desentendido del asunto en un primer momento es que la familia estaba este jueves esperando aún que se pongan en contacto con ella para mostrarles sus condolencias por el fallecimiento de Juan Martín.
No obstante, aún está en condiciones de reaccionar adecuadamente. Aún es más lo que se ignora que lo que se conoce. ¿Era habitual el uso de armas no reglamentarias por parte del teniente? ¿Lo es por parte de los agentes de seguridad del Estado? ¿En qué se basaron los agentes para informar a la familia de que la muerte se produjo por un infarto de miocardio, cuando la autopsia revela que fue por asfixia? ¿Qué justifica que el agredido, que acudió voluntariamente a las dependencias policiales, fuera atado de pies y manos como señala la autopsia? El Gobierno tiene el deber de aclarar el asunto. La principal función de un Estado es la de velar por la seguridad de sus ciudadanos, y ésta no se puede garantizar si las propias fuerzas no se someten eficazmente a las condiciones impuestas por el Estado de Derecho. Lleguen hasta donde lleguen las responsabilidades de los agentes y sus superiores en este caso, cabe exigir que se cierre este penoso asunto con la certeza de quien viola la ley obtiene el castigo correspondiente. En especial si quien lo hace es el encargado de hacerla cumplir.
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