La libertad de expresión y la pluralidad se juegan mucho en este envite. La sociedad civil, esa que Zapatero ningunea sin el menor miramiento, ha de plantarse ante un atropello que nos afecta a todos
Todavía no es oficial pero en Prisa lo dan por hecho. Más pronto que tarde empezará a emitir el Canal+ en abierto. Probablemente se llamará Cuatro, los preparativos están ultimándose y está empezándose a contratar la nómina de profesionales que hagan posible la nueva televisión de Polanco, más poderosa que nunca y que se debe en exclusiva a un intolerable favor del Gobierno de Zapatero. Hace unos meses, el ejecutivo creó una Ley al efecto concebida desde el principio para pagar viejas deudas y que se salta a la torera el más elemental sentido común y vulnera la pretendida pluralidad en los medios que dice fomentar la vicepresidenta de la Vega.
Una nueva televisión no tiene sentido. Ni desde el punto de vista del mercado ni desde el tecnológico. Hace dos meses lo decíamos con estas palabras que suscribimos una a una ahora que el momento se acerca: “La tecnología analógica está desfasada y más pronto que tarde será sustituida por la digital. Las cadenas concesionarias se están preparando para el apagón y no tiene sentido alguno conceder o ampliar nuevas licencias en analógico. Los técnicos han insistido en ello; si el Gobierno apuesta firmemente por la nueva televisión es absurdo que insista en ampliar el menú de la vieja. Además, Canal+, que en su momento se saltó la Ley codificando la señal, ya emite ocho horas diarias en abierto por lo que no hay ninguna razón objetiva para remendar de nuevo una Ley de hace casi veinte años.
Así las cosas, a los que todavía creen que la pluralidad es posible, sólo les queda el recurso del pataleo o plantarse firmemente ante lo que es un inadmisible abuso que, de manera irremediable, va a ser el cimiento de un oligopolio mediático de facto cuyos únicos beneficiarios son el Partido Socialista y su grupo afín, el presidido por Jesús de Polanco. Bienvenida sea la iniciativa de El Mundo, Telecinco y Antena 3 que ya han anunciado su intención de recurrir la decisión ante la Justicia en cuánto ésta sea oficial. Desde el Partido Popular, el eurodiputado Luis Herrero se ha comprometido en firme a impulsar la creación de una delegación de responsables de medios de comunicación españoles para que informe al Parlamento de Estrasburgo sobre la anómala situación de los medios de comunicación en España.
Polanco tiene todo a su favor para salirse con la suya. Posee un conglomerado multimedia impresionante y, por si esto fuera poco, cuenta con la bendición del Gobierno para llevar adelante su plan de rendir el mercado de la comunicación a sus pies en un plazo muy breve. Si los actores implicados en el sector y los políticos que aún conservan el juicio se cruzan de brazos luego será tarde para quejarse. Porque la Ley Polanco no sólo es un disparate que va a distorsionar gravemente un mercado clave en una democracia sana, sino que es, según ha puesto El Mundo de manifiesto, una Ley injusta. Como tal no ha de seguir su curso y los afectados tienen el deber de impugnarla cuanto antes tanto en las instancias judiciales españolas como europeas. La libertad de expresión y la pluralidad se juegan mucho en este envite. La sociedad civil, esa que Zapatero ningunea sin el menor miramiento, ha de plantarse ante un atropello que nos afecta a todos.
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