Juan Carlos Girauta
Sin límites
¿No sería mejor que el PP denunciara abierta y públicamente que Zapatero ha liquidado el pacto? ¿Por qué se empeña Rajoy en luchar con un brazo atado a la espalda contra un adversario que no respeta absolutamente nada y que no conoce ningún límite?
El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo es ya papel mojado tras negarse el gobierno repetidamente a convocarlo a petición del PP. Las razones de la oposición no eran caprichosas: la supuesta negociación de los socialistas con la ETA y su evidente aquiescencia ante el montaje del PCTV. Aunque al PP le cueste obrar en consecuencia, debería asumir que el PSOE ha abandonado el marco político suprapartidario establecido en su día a iniciativa del propio Zapatero. Tampoco le sujeta ya la ley de partidos. Estos dos abandonos equivalen al de los ciudadanos vascos que quieren seguir siendo vascos sin dejar de ser ciudadanos. Y todo por un chato cálculo electoral.
Con un PNV más montaraz y desatado que nunca, los socialistas agachan la cabeza y muestran su disposición tácita o expresa a servirle un acuerdo de gobierno. El de la claudicación tácita es Patxi Nadie; el de la aclamación expresa del adversario es Maragall, a quien sólo le falta pedir directamente el voto para Ibarreche. Resulta triste contemplar la sabinización del partido de Gotzone Mora y de Maite Pagazaurtundúa.
No sólo comete fraude Batasuna al torear la legislación interna y clavarle las banderillas a los convenios multilaterales forzados por España en circunstancias muy especiales. También comete fraude el gobierno central al colaborar en el baile de disfraces abertzale y al infringir la ley de partidos amparándose en otras normas que en ocasiones análogas no fueron obstáculo para aplicarla. Hay que estar muy dispuesto a defraudar para desconocer hasta cincuenta pruebas de la Guardia Civil y para que prevalezca un informe de la policía que es una rendición en quince páginas. Al actual ministro del interior jamás le gustó la ley de partidos, por eso presentó voto particular en 2001 en contra del informe del CGPJ, del que era vocal.
Que ese otro sostén de la legalidad, el fiscal general del Estado no vea transgresión en la concurrencia del PCTV a las elecciones vascas no debe extrañarnos. Tampoco la vio en el asunto de las sedaciones terminales del Severo Ochoa. Está demasiado ocupado en etiquetar ideológicamente al prójimo –tachó de ultraderechista a Manos Limpias– y en presionar al poder legislativo: recuérdese cómo Marín tuvo que reprocharle sus “advertencias genéricas” tras una inadecuada carta.
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