LD (Pedro de Tena) Chamizo ha planteado esta reflexión en una entrevista con EFE en la que ha valorado el convenio suscrito entre la Junta y los bancos y cajas para financiar el Plan Concertado de Vivienda, aunque no ha dudado en cuestionar su comportamiento y el papel que están desarrollando. Es preciso recordar que las Cajas andaluzas llevan casi treinta años en manos del Partido Socialista, el mismo que pide en estos días la "regulación de los mercados financieros".
"Las cajas deberían reorientar su papel y sus objetivos en una situación de crisis. Deberían tener otro tipo de comportamientos porque nacieron para una cosa, con marcado carácter social, y hoy están en otra, en la clave del negocio", ha resumido. Después de abogar por que estas entidades incidan más en su dimensión social y de demandar a sus dirigentes una reflexión en este sentido, el Defensor ha reprochado que en los consejos de administración "haya entrado la lógica del mercado, que es la peor que hay, y que casi todo se someta a esos valores".
"Por sentido común", Chamizo se ha mostrado partidario de "redefinir y ahondar" en el papel social de las cajas andaluzas antes de afrontar el eventual proceso de fusión que la Junta quiere impulsar en la primavera próxima.
Certidumbre, transparencia y objetividad es lo que la Junta dice buscar a la hora de que las entidades financieras otorguen préstamos, tanto a particulares como a promotores de VPO, en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, con una dotación de 9.550 millones de euros, según el convenio firmado por ambas parte el pasado miércoles. "Lo primero y positivo es la firma del convenio y que se establezcan condiciones y criterios objetivos para la concesión de los créditos y que tanto las administraciones como los particulares puedan hacer frente a la vivienda de promoción pública", ha esgrimido Chamizo.
El Defensor tiene previsto elaborar un informe sobre las condiciones que recoge el convenio para establecer si da respuesta a las quejas que con anterioridad ha recibido la Institución.
Sigue diciendo en la entrevista con EFE que se trata de andaluces que, con una VPO en propiedad, no pueden pagarla porque los bancos y las cajas de ahorro han cerrado "el grifo" de los créditos o ponen condiciones "casi imposibles" de reunir. A la espera de llegar a conclusiones más definitivas, José Chamizo ha estimado que hay "parte" de los reclamantes cuya situación puede estar dentro de esas condiciones, pero cree que hay otras que "se quedan fuera y son solicitantes de VPO".
En su última resolución, a raíz de una queja, dirigida a la Consejería de Vivienda, el Defensor propone crear un órgano de mediación entre las entidades y la Junta para resolver los conflictos generados por la denegación de los créditos hipotecarios a las unidades familiares que reúnan los requisitos para acceder a una VPO. También reclama trasladar a la Administración del Estado la "conveniencia de vincular" las ayudas establecidas en el Plan de apoyo a la banca a la asunción real y efectiva de los compromisos de la entidades financieras para hacer realidad las políticas púbicas.
Entre ellas, las destinadas al fomento del acceso a las viviendas protegidas para garantizar un derecho constitucional, aunque plantea además modificar a medio plazo los criterios y alcance de las ayudas si las medidas de financiación de los planes de vivienda y suelo no surten los efectos deseados.