(Libertad Digital) Tras el último Consejo de Ministros del mes de agosto, De la Vega realizó un recorrido por las principales líneas que determinarán la política económica en el nuevo curso político, entre los que destacó la reforma de la financiación autonómica, el aumento del gasto social para paliar los efectos de la crisis en las economías domésticas y el incremento de la inversión en obra pública, fundamentalmente en carreteras y ferrocarril, mediante el desarrollo de la alta velocidad (AVE).
La vicepresidenta, sin hacer explícitamente referencia al enorme agujero de las cuentas del Estado -con un déficit de casi 10.000 millones de euros, que alcanza el 0,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)- garantizó que el Gobierno aumentará el gasto en prestaciones sociales. De hecho, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 incluye un repunte del 4,5 por ciento del gasto público.
Y todo ello en un escenario de estancamiento económico con inflación desbocada, panorama que puede derivar en recesión, que, técnicamente, se define como dos trimestres consecutivos de descensos del PIB.
“Vienen trimestres muy difíciles y el Gobierno continuará adoptando las medidas oportunas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, con rigor pero sin pesimismo”. De la Vega pone ya el parche antes de la herida y se olvida de los análisis del presidente del Ejecutivo en su toma de posesión, cuando defendía la salud de la economía española.
En materia de financiación autonómica, la vicepresidenta explicó que la reforma se realizará “respetando los intereses de las comunidades autónomas y del Estado, siempre con voluntad de llegar a un acuerdo”. A este respecto, reiteró lo planteado ayer por el vicepresidente económico Pedro Solbes: los acuerdos deberán respetar la Constitución y la solidaridad territorial, es decir, todo lo contrario que lo que establece el Estatuto catalán, impulsado desde Moncloa y que tiene rango de Ley Orgánica.
“Vamos a intensificar las negociaciones y vamos a buscar el acuerdo”, explicó De la Vega, quien confió en lograr el consenso "antes de tres meses”.
Los “pilares de la reforma serán aumentar los recursos de las autonomías, elevar la independencia financiera de las regiones, mejorar la cohesión y la solidaridad territorial”, señaló la vicepresidenta. Para terminar la cuadratura del círculo, afirmó que negociará con Cataluña “sus especiales dificultades” y que “se cumplirá con el Estatuto”.
En todo caso, y como señaló Solbes, si no se llega a un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas, “decidirá el Gobierno lo que estime necesario”, un escenario que De la Vega “no maneja”.