(Libertad Digital) Según publica este lunes el diario El País, los cambios de ciclo siempre deparan alguna sorpresa. La nueva coyuntura tiene el prodigioso efecto de convertir a muchos de los antiguos cazadores en cazados; y esto es lo que está ocurriendo tras el violento estallido de la burbuja inmobiliaria.
Antes, cuando los precios de la vivienda crecían a ritmos de escándalo, eran escasísimos los compradores que, ante algún incumplimiento de la promotora, rechazaban el piso a cambio de las cantidades entregadas. Pero la nueva situación ha convertido el dinero en efectivo en el bien más preciado.
Con los precios de la vivienda a la baja -sumado a las expectativas de que caigan aún más en los próximos meses- y el Euríbor (el tipo de interés de referencia de la mayoría de las hipotecas) por las nubes, los clientes prefieren ahora recuperar su inversión y ver si con ella pueden hacer una compra mejor.
Pero muchos de los que han ido a reclamar el dinero se han encontrado con una noticia desagradable. No sólo los clientes de Martinsa-Fadesa, que tras la suspensión de pagos de la primera inmobiliaria española han comprobado con estupor que la empresa de Fernando Martín se había saltado en muchos casos la obligación legal que tienen las empresas de formalizar un aval por cada cantidad recibida.
Es que, además, están aumentando las quejas por los problemas que ponen las entidades financieras para devolver las cantidades entregadas.
La primera vez en la historia
El Banco de España reconoce que es la primera vez que recibe protestas por este motivo, y que su servicio de reclamaciones hará público el próximo mes de septiembre un informe desfavorable contra alguno de los bancos afectados.
"Todavía estamos resolviendo los casos, pero la memoria concluirá que algunos bancos no han actuado con diligencia", añaden fuentes del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El supervisor bancario, que rechaza detallar cuántas reclamaciones ha recibido en los últimos meses, es categórico a la hora de precisar en qué casos los bancos no pueden negarse a pagar: "La entidad bancaria tiene que preguntar a la promotora si ha incumplido algún punto del contrato, como los plazos de entrega. En caso afirmativo, la ejecución del aval tiene que ser automática". En cambio, si no hay incumplimiento, no hay obligación de devolverlo.
Fuentes del Banco de España citan casos en los que los bancos o cajas de ahorros no se han puesto en contacto con las inmobiliarias para comprobar si el incumplimiento es real; y otros en los que no han actuado con la rapidez suficiente.
Compensa recuperar el dinero
La crisis del ladrillo late en el fondo de este fenómeno. Y es que si las asociaciones de consumidores reciben cada vez más quejas relacionadas con el dinero adelantado es porque ahora compensa que lo devuelvan.
"Antes, la primera interesada en ejecutar el aval era la inmobiliaria. Tenía montones de personas a las que le podía vender el piso a un precio superior. Los consumidores aguantaban los retrasos y lo normal era un periodo de gracia de tres meses. Ahora las tornas han cambiado", explica un portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios.