L D (R. Vilas) En 2005, Soraya Sáenz de Santamaría era secretaria de política local y autonómica del PP, y diputada rasa. El Grupo Popular en el Congreso, dirigido entonces por Eduardo Zaplana, decidió sancionar a Celia Villalobos por su indisciplina en uno de los temas que centraban el debate político. Votó a favor del matrimonio homosexual.
¿Adivinan quién salió en defensa de la ex ministra por desmarcarse del partido con una posición tan del gusto de los progres? Sí, Soraya Sáenz de Santamaría. La misma que ahora, flamante portavoz del Grupo Popular, ha ordenado sancionar ipso facto a los dos diputados del PP de Murcia que no han dicho sí bwana a la toma en consideración del estatuto castellano-manchego que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura en 2015 y cuya aprobación supondría dar el traste con la política nacional en materia de agua que siempre había defendido el PP. Al menos, el PP anterior al Congreso de Valencia.
Desde el Grupo Popular que dirige Soraya han informado que pretenden que la sanción a Pacheco y Garre, los dos diputados en cuestión, tenga un efecto ejemplarizante, sobre todo teniendo en cuenta que el Estatuto también despierta recelos entre sus diputados de la Comunidad Valenciana. Además, al inicio de la legislatura, la dirección del Grupo anunció su pretensión de retocar las sanciones que prevé su reglamento para estos casos, una reforma que aún no se ha llevado a cabo. Su intención es ampliar el catálogo de sanciones adecuándolas a la gravedad de las faltas, de manera que, por ejemplo, se castiguen con multas más elevadas las indisciplinas que se cometan en votaciones de especial relevancia.
