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LA MADRE PARTICIPABA DE LA ORGÍA

Juzgan a una mujer que permitió que abusaran de su hija ante ella

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga este lunes a una mujer que presuntamente permitió que durante el verano del año 2001, y repetidamente, abusaran sexualmente de su hija de cinco años de edad delante de ella. La Fiscalía solicita para ella una pena de siete años de internamiento, y de 9 años de cárcel para el presunto agresor.

LD (Europa Press) La Fiscalía solicita una pena de siete años de internamiento en un centro cerrado para J.T.R., la madre de la niña que en distintas ocasiones durante los meses de verano del referido año y acompañada por J.M.M. y J.J.C.G -ambos también procesados-, llevaba a su hija menor a un cuarto abandonado localizado en la playa de Roque Prieto, según el escrito de la fiscal Raquel Seoane.
 
Mientras la madre procedía a realizar el acto sexual con J.M.M., desprendiéndose de sus ropas y exhibiéndose obscenamente en presencia de la menor, el otro hombre, J.J.C.G, "con ánimo libidinoso procedía, sin que ninguno de los presentes lo impidiese, a tocar a la pequeña".
 
La Fiscalía pide para ella por el presunto delito de abuso sexual agravado continuado el internamiento en un centro cerrado adecuado a su padecimiento hasta un máximo de siete años, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad durante seis años de la niña y la pena de 6 meses de prisión por el delito continuado de exhibicionismo.
 
La fiscalía pide 9 años de cárcel para el presunto agresor
 
Asimismo, la fiscal solicita a la Sala imponer la pena de 9 años de prisión a J.J.C.G. por el delito continuado de abuso sexual agravado; mientras que para J.M.M. pide un año de prisión por exhibicionismo y una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros por el delito continuado de la omisión del deber de impedir delitos.
 
Solicita también que se prohíba a J.J.C.G. y a J.T.B. aproximarse a la niña y comunicarse con ella durante un período de 10 años y a J.M.M. idéntica prohibición por un período de cinco años.
 
Además de las penas privativas de libertad, la fiscal pide que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 60.000 euros por los daños y perjuicios morales causados.
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