Queridos amigos. Hemos escuchado a Soraya, a Eduardo y a Pío. Los tres, cada uno a su manera, han dado respuesta a la primera pregunta que nos hacemos todos hoy, que es: ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Por qué?
Esta misma pregunta se la hicieron a nuestro querido compañero Gabriel Cisneros, en una entrevista publicada póstumamente.
Y Gabi, que sabía mucho de muchas cosas y más que de ninguna otra de la Constitución, contestó:
“Si me hubieran preguntado hace unos años si había que reformar la Constitución, hubiera dicho que no. Ahora te digo radicalmente que sí y además no una reforma menor. Hay que meterle mano en la línea de dictamen del Consejo de Estado que tanto ha disgustado al Gobierno.”
A Gabi, como a muchos otros, lo que le hizo cambiar de opinión son las cesiones políticas de Zapatero ante el nacionalismo radical. Cesiones que, sin ánimo de insistir en lo que ya se ha dicho esta mañana, se pueden resumir en cuatro:
- Decir que el concepto de nación es discutido y discutible.
- Promover un Estatuto catalán inconstitucional.
- Romper los consensos de la Transición, empezando por el consenso constitucional.
- Y, ya el remate, intentar controlar la institución encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Tribunal Constitucional.
Estas cesiones han provocado (o amenazan con provocar porque todavía estamos a tiempo de impedirlo) lo que el propio Gabi llamó una “mutación constitucional”: la sustitución de un modelo pactado entre todos los españoles por uno acordado sólo entre Zapatero y sus socios; precisamente aquellos que quieren separarse de España.
En este contexto, la reforma constitucional no es ya recomendable, sino necesaria. Es la manera de mantener el propio orden constitucional. La vía para preservar el modelo de Estado consagrado en la Constitución: lo que el propio Gabi, allá por 1982, llamó “la España posible, la España necesaria”.
Pues bien. Lo primero que yo quiero decir esta mañana es que esa España, que es la España autonómica, sigue siendo no sólo posible y necesaria, sino también la más adecuada para garantizar la convivencia y la libertad en nuestro país. De eso no nos caben dudas.
Nosotros no damos por superada la España autonómica. Nosotros no creemos que la Constitución haya fracasado en la cuestión territorial. No. Nosotros no queremos reformar la Constitución para alumbrar un nuevo sistema o modelo de Estado, sino para reforzar el que tenemos.
Nuestro deseo, y el propósito fundamental de esta Conferencia, es completar la gran obra que los hombres de la Transición iniciaron con generosidad, altura de miras y acierto hace ya 30 años.
Queremos dar respuesta a aquellos problemas que ellos no pudieron prever. Queremos adaptar el modelo a las nuevas circunstancias. Queremos reformar la Constitución para defender la Constitución.
Y, de manera especial, queremos vacunar nuestro sistema constitucional contra quienes pretenden poner en jaque nuestra convivencia –e incluso la propia idea de España como nación- por sectarismo, irresponsabilidad o cálculo político.
Pero no me voy a extender más en las razones de esta reforma. Más que el por qué, yo quiero plantear hoy el cómo: en qué dirección debemos reformar la Constitución. A vuestras deliberaciones y a la importante intervención que hará mañana el presidente de nuestro partido, Mariano Rajoy, dejo la concreción de los elementos sustanciales de la reforma.
Sin embargo, hoy ya estamos en condiciones de adelantar algunos aspectos de nuestra propuesta que me parecen importantes. Son tres. El primero y más importante es el fortalecimiento del consenso como columna vertebral de nuestro sistema constitucional.
El gran hecho diferencial, y el gran acierto, de la Constitución del 78 es que fue fruto de un gran consenso nacional. Eso, que hoy damos por hecho, no había ocurrido nunca.
Los enfrentamientos y la inestabilidad que han jalonado buena parte de nuestra historia son consecuencia, precisamente, del empeño de los partidos en el poder por imponer su modelo de Estado sobre las fuerzas de la oposición.
La Constitución del 78 viene, por tanto, a cerrar una querella histórica. Es un pacto entre todos los españoles por la convivencia y la libertad. Constitución y consenso, consenso y Constitución van ligados de manera indisoluble. No puede haber Constitución sin consenso y difícilmente puede haber consenso sin Constitución.
Nuestro problema es que, siendo así, la Constitución no tiene mecanismos para garantizar que, en cuestiones fundamentales, ese consenso se respete. El consenso es necesario para elegir consejeros de Radio Televisión Española y, sin embargo, no lo es para reformar los Estatutos de Autonomía.
Que el consenso se respete depende exclusivamente de que lo quieran las partes. Es decir, de la buena voluntad; de lo que llamamos la lealtad constitucional.
Y esa lealtad, lamentablemente, no siempre se da. Esta es la gran lección que hemos aprendido esta legislatura. Debo decir, muy a nuestro pesar. Los años de Zapatero han demostrado que no basta con que el espíritu de la Constitución anime, promueva, recomiende o ensalce el consenso. Para garantizar que ese consenso sea respetado, hace falta que la letra de la Constitución lo proteja de manera explícita.
Esta es la primera reforma que vamos a plantear. Vamos a hacer que la Constitución sea, ya no sólo en su espíritu, sino ahora también en su letra, la Constitución del Consenso. Porque el consenso es el mejor blindaje de la España constitucional. El mejor. Es la garantía más eficaz de que España siga siendo un ámbito de convivencia y libertad.
Para ello, lo que vamos a hacer es introducir en la Constitución mecanismos que hagan necesario el consenso entre, al menos, los dos grandes partidos nacionales a la hora de tomar decisiones sobre el modelo territorial.
Ya lo ha adelantado Mariano Rajoy: entre otras reformas, vamos a proponer elevar la mayoría necesaria para aprobar los Estatutos de Autonomía, de manera que sea imprescindible el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales.
El segundo aspecto de nuestra propuesta al que me quiero referir es la necesidad de reforzar la seguridad jurídica. No es un asunto que protagonice los telediarios. Y, sin embargo, es la base misma de la democracia. Sin seguridad jurídica, no hay garantías, no hay derechos, no hay libertades: no hay democracia.
España ha avanzado mucho en este campo. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. España necesita una auténtica regeneración institucional. Tenemos el deber de devolver el crédito y la fortaleza a nuestras instituciones. Desde la Justicia hasta los órganos reguladores de los mercados. Desde el Parlamento hasta el Tribunal Constitucional.
Y eso sólo se puede hacer mediante un compromiso decidido con la reforma tanto de la Constitución como de otros elementos de nuestro ordenamiento jurídico.
Nuestro primer objetivo es poner fin, de una vez por todas, a ese lastre que en cualquier sistema democrático es la politización de la Justicia. Nosotros no queremos jueces dóciles que antes de dictar una sentencia se vean en la necesidad de comprobar en qué dirección sopla el viento del poder político. Queremos jueces formados en la excelencia, de criterio independiente y sujetos sólo a la ley.
Por eso, vamos a reforzar el modelo de juez profesional previsto en la Constitución: su carácter nacional y el sistema de acceso por oposición pública y libre que, diga lo que diga Bermejo, es el que mejor garantiza los principios de mérito y calidad.
Y, con el mismo objetivo, vamos a asegurar la plena independencia del órgano de gobierno de los jueces, como ya ha adelantado Mariano Rajoy.
A estas dos reformas se añaden otras dos, que afectan directamente a nuestra protagonista de hoy, que es la Constitución, y a su guardián y garante, el Tribunal Constitucional.
La primera, y esto es muy importante, consiste en reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad para proyectos de reforma de Estatutos de Autonomía. Es de sentido común. Y, visto lo que hemos visto en esta legislatura, también necesario.
No es razonable que a la hora de votar a favor o en contra de una propuesta de reforma de Estatuto no conozcamos un dato tan elemental como si se ajusta o no a la Constitución. Es tan importante como conocer el contenido de la reforma.
Pero, además, el recurso previo ahorraría muchas tensiones y problemas.
Veamos: ¿Es razonable que una norma, con consecuencias a veces irreversibles para la vida de la gente, despliegue sus efectos cuando existen serias posibilidades de que sea declarada inválida?
La pregunta se responde sola. El recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía refuerza la seguridad jurídica. De los ciudadanos, del poder político, de los jueces, de los empresarios. De toda la sociedad. Es la manera de evitar situaciones de incertidumbre, como la creada por el despliegue de un Estatuto catalán pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, para que el recurso previo sea de verdad eficaz es necesaria otra reforma. Una reforma que además evitaría situaciones como la de un Tribunal Constitucional que no acaba de resolver los asuntos más importantes que tiene sobre la mesa por el hecho -o alegando- que tiene una sobrecarga de trabajo.
Se trataría de trasladar, en todo o en parte, la competencia para resolver los recursos de amparo del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, modificando los artículos 53.2 y 161.1 B de la Constitución.
Con estas dos medidas lo que estamos proponiendo es abrir una nueva etapa en la historia del Tribunal Constitucional. Queremos un Tribunal Constitucional ligero de carga y libre de presiones. Un Tribunal Constitucional capaz de velar por el cumplimiento y la primacía de la Constitución.
Es decir, un Tribunal Constitucional centrado en defender el modelo de Estado que mejor garantiza la convivencia entre los españoles y su libertad.
El último asunto que os quiero plantear es el papel de las corporaciones locales. En estos treinta años, hemos debatido mucho –y de manera apasionada- acerca de la relación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Han corrido ríos de tinta y se han gastado infinitas energías en discusiones sobre el papel de cada cual, las competencias de cada cual, etcétera.
Como ex alcalde de una capital de provincia, os puedo asegurar que muchas de esas discusiones resultan alejadas no sólo de las preocupaciones de la gente, sino también de las necesidades de un Estado bien vertebrado.
Esas necesidades pasan por abordar, de una vez por todas, la gran asignatura pendiente del papel de las corporaciones locales, que constituyen, nada más y nada menos, que la tercera pata de nuestro modelo de Estado.
Sin unas corporaciones fuertes, nuestro modelo se queda cojo. Sin unas corporaciones fuertes, falta equilibrio y cohesión. Por eso, el Partido Popular hemos decidido dar un empujón decidido y decisivo a las corporaciones locales. Vamos a darles protagonismo y vamos a reforzar su autonomía en el ejercicio de sus competencias.
Lo haremos aprobando, mediante una Ley con carácter básico y en desarrollo del artículo 140 y siguientes de la Constitución, un Estatuto del Gobierno Local. Así como cada Comunidad Autónoma tiene hoy su Estatuto, con el Partido Popular las corporaciones locales tendrán el suyo propio: uno común para todas.
Termino ya. Lo hago con la satisfacción de saber que esta Conferencia sobre nuestro modelo de Estado queda en las mejores manos. Como secretario general del Partido Popular, quiero decir que es un honor poder contar hoy con personas de la trayectoria, talla intelectual y juicio certero de las que hoy nos acompañan.
Gracias a todos por ayudarnos en uno de los objetivos de mayor relevancia política e institucional que jamás nos hayamos planteado desde el Partido Popular.
Con vuestro apoyo, estoy seguro de que lograremos nuestro objetivo de garantizar que la nación española siga siendo un ámbito de convivencia y libertad.
Y para acabar, permitidme que exprese un deseo. Lo hago desde el optimismo y la confianza en la capacidad de los españoles para aparcar sus diferencias y avanzar juntos.
Espero, deseo y confío en que podamos reformar nuestra Constitución en las mismas condiciones y en el mismo ambiente en el que fue redactada. Las palabras son también de Gabriel Cisneros:
“Pudimos hacer la Constitución de la concordia porque previamente estábamos ya concordes. Pudimos hacer la Constitución de la reconciliación porque previamente nos habíamos ya reconciliado”.
Muchas gracias.
