L D (Agencias) Fuentes jurídicas señalaron que la discusión sobre qué magistrado deberá llevar la causa ha sido incluida en el orden del día del Pleno de la Sala de lo Penal que ya tenía previsto reunirse mañana, como cada jueves, en la Audiencia Nacional a partir de las nueve y media de la mañana. De este Pleno forman parte un total de 17 magistrados incluido el presidente de la misma, Javier Gómez Bermúdez.
La cuestión relativa a qué magistrado correspondía contestar a la Justicia francesa fue elevada a la Sala de lo Penal después de que el martes Del Olmo (a quien le fue remitido el caso por reparto) rechazara la segunda petición de inhibición planteada al respecto por Baltasar Garzón, que considera que es a él a quien correspondía la realización de este trámite por tener abierta una causa en la que está procesado Suárez, a quien relaciona con el aparato de captación de ETA.
La jueza Le Vert envió la comisión rogatoria el pasado mes de abril a iniciativa propia, a pesar de que Garzón había solicitado anteriormente información sobre Suárez a las autoridades francesas tras producirse la detención de este presunto etarra, el pasado 28 de marzo.
Del Olmo rechazó la primera solicitud de inhibición el pasado 18 de junio alegando que, en aplicación de los criterios técnico-jurídicos que rigen el reparto de casos en la Audiencia Nacional, el caso le correspondía a él y los argumentos planteados por el titular del Juzgado Central número 5 no eran suficientes para determinar la existencia de una vinculación directa de este asunto con la investigación de Garzón sobre Suárez.
Paquete precintado
La semana pasada, el juez central de instrucción número 6 envió las preguntas de Le Vert al Ministerio del Interior, que contestó a las mismas el martes. Sin esperar al Pleno de este jueves, Del Olmo cumplimentó el trámite y remitió a la juez francesa los documentos remitidos por Interior, dentro de un pequeño paquete precintado, según las mismas fuentes.
Con ocasión de la primera petición de inhibición planteada por Garzón a su compañero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe a favor de que fuera el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 quien se ocupara de la investigación de los contactos solicitados por Le Vert. La segunda solicitud de inhibición no fue consultado al Ministerio Público, al considerar el magistrado que valía con el primer informe.
El juez Central número 6 asumió el caso después de que le fuera asignado por el juez decano, Ismael Moreno , en función de las normas de reparto que funcionan en la Audiencia Nacional. La apertura de las diligencias y la cumplimentación de los primeros trámites los realizó un tercer magistrado, el juez Fernando Grande-Marlaska, que se encontraba de guardia en el momento en el que el requerimiento de Le Vert llegó a la Audiencia Nacional.
Este magistrado, según fuentes jurídicas, procedió de la forma habitual cuando se reclamaba el inicio de la investigación de forma urgente y pasadas veinticuatro horas dio traslado de la comisión rogatoria al juez decano para que se ocupara de asignarla.
Decisión en pleno
La discrepancia entre los dos jueces ha provocado que sea finalmente el Pleno de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el que se ocupe de la decisión definitiva, que se adoptará con independencia de que el trámite ya haya sido cumplimentado por Del Olmo, en previsión de que puedan solicitarse nuevas diligencias en el futuro.
Juan Carlos Iurrebaso Atutxa, de 52 años, y Kepa Mirena Suárez Huarte, de 47, fueron detenidos en la noche del 28 al 29 de marzo. En dependencias policiales dijeron a los policías franceses que eran hombres del proceso y les mostraron una lista de cuatro teléfonos móviles, uno de ellos correspondiente a un alto funcionario del Ministerio francés, Christian Lambert, director central de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS).
