1. Rechazo a que el proyecto legislativo conciba la educación como "un servicio público" sino que sea un "servicio esencial de interés social", basado en la "complementariedad" de las redes pública y privada de centros.
2. Los fondos públicos han de responder al "coste real" de la enseñanza, tanto en los centros públicos como los privados concertados.
3. Las organizaciones interpretan que la LOE sustituye el "derecho" de los centros privados a acogerse a conciertos por una potestad "meramente discrecional" de las administraciones.
4. Insisten en que se respete la libertad de elección por parte de los padres, lo que supone "aceptar" el proyecto educativo del colegio como un "acuerdo entre la familia y la escuela".
5. Así, las comisiones u órganos de garantías de admisión, previstos por la ley, "no pueden sustituir el poder de decisión" de los padres.
6. El criterio de referencia para la programación escolar debe ser la "demanda de las familias", tanto para centros privados como concertados.
7. Los únicos límites admisibles al carácter propio del centro o al proyecto educativo son los que marca la Constitución, reiteran.
8. La asignatura confesional debe impartirse en "igualdad" de condiciones que el resto, con una "opción no confesional" del "Hecho religioso" o "Educación para la Ciudadanía", todas ellas de oferta obligatoria para los centros y voluntarias para los alumnos.
9. Las nuevas áreas de Educación para la Ciudadanía y la Educación Etico-Cívica "suplantan" a los padres en el derecho de decidir la educación moral y ética para los hijos, aseguran.
10. Consideran necesario establecer enseñanzas "mínimas comunes en todas las comunidades autónomas", pues el proyecto es una "puerta abierta" a "17 sistemas escolares distintos".
11. Contra el fracaso escolar, desean que se limite la promoción de curso con más de dos suspensos, evaluación positiva en todas las materias para obtener el título de ESO o una prueba externa al finalizar el Bachillerato (que haría "innecesaria" la selectividad).
12. Quieren que la ley hable del "respeto" al docente y cree la figura del "defensor del profesor".
13. "Los puntos anteriores -concluyen- demuestran que es falso afirmar, como lo viene haciendo el Gobierno y sus portavoces, que no existen asuntos concretos en la LOE que constituyan motivo de rechazo".
2. Los fondos públicos han de responder al "coste real" de la enseñanza, tanto en los centros públicos como los privados concertados.
3. Las organizaciones interpretan que la LOE sustituye el "derecho" de los centros privados a acogerse a conciertos por una potestad "meramente discrecional" de las administraciones.
4. Insisten en que se respete la libertad de elección por parte de los padres, lo que supone "aceptar" el proyecto educativo del colegio como un "acuerdo entre la familia y la escuela".
5. Así, las comisiones u órganos de garantías de admisión, previstos por la ley, "no pueden sustituir el poder de decisión" de los padres.
6. El criterio de referencia para la programación escolar debe ser la "demanda de las familias", tanto para centros privados como concertados.
7. Los únicos límites admisibles al carácter propio del centro o al proyecto educativo son los que marca la Constitución, reiteran.
8. La asignatura confesional debe impartirse en "igualdad" de condiciones que el resto, con una "opción no confesional" del "Hecho religioso" o "Educación para la Ciudadanía", todas ellas de oferta obligatoria para los centros y voluntarias para los alumnos.
9. Las nuevas áreas de Educación para la Ciudadanía y la Educación Etico-Cívica "suplantan" a los padres en el derecho de decidir la educación moral y ética para los hijos, aseguran.
10. Consideran necesario establecer enseñanzas "mínimas comunes en todas las comunidades autónomas", pues el proyecto es una "puerta abierta" a "17 sistemas escolares distintos".
11. Contra el fracaso escolar, desean que se limite la promoción de curso con más de dos suspensos, evaluación positiva en todas las materias para obtener el título de ESO o una prueba externa al finalizar el Bachillerato (que haría "innecesaria" la selectividad).
12. Quieren que la ley hable del "respeto" al docente y cree la figura del "defensor del profesor".
13. "Los puntos anteriores -concluyen- demuestran que es falso afirmar, como lo viene haciendo el Gobierno y sus portavoces, que no existen asuntos concretos en la LOE que constituyan motivo de rechazo".