L D (EFE) "La ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución, por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen", señala el diario citando un informe. Es uno de los tres encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas a "expertos juristas" sobre la ordenación competencial que plantea la reforma del Estatuto de Cataluña y que, asegura el diario, serán publicados próximamente por el Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública, dependiente del Ministerio que dirige Jordi Sevilla.
En otro texto, los juristas ven inviable la apelación que CiU y ERC hacen a los derechos históricos para blindar competencias. "El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma clara y reiterada la interpretación de la apertura del ordenamiento constitucional a través de los derechos históricos", subraya el diario de Prisa citando a uno de estos documentos. Precisa "que la vía de un reconocimiento ilimitado de los derechos históricos es un caballo de Troya historicista que contradice los principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico".
Los tres informes se refieren a la distribución territorial del poder, la ordenación competencial y los derechos históricos. Los textos, dice El País, están firmados por los catedráticos de Derecho Constitucional Luis Ortega, Francisco Balaguer y José Antonio Montilla, además de por la "catedrática" de Derecho Administrativo Cristina Elías.
Zapatero recurre a sus "expertos" para censurar las "injustificadas" pretensiones competenciales de Maragall
Coincidiendo con el enfrentamiento entre el PSOE y el PSC por el Estatuto catalán, El País publica un informe filtrado por el Ejecutivo que recoge la opinión de los "expertos" sobre la reforma estatutaria. Los juristas a los que ha recurrido el Gobierno coinciden en que los planes competenciales del "tripartito" son "claramente contrarios a la Constitución". La Generalidad ha ya ha encargado un "contrainforme".
Saura anuncia un "contrainforme"
El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad, Joan Saura, tras conocer los informes encargados por el Gobierno de Zapatero, ha anunciado que no aceptará su validez al tiempo que ha exigido "lealtad institucional" a los socialistas.
Para responder a estos estudios, Saura ha encargado un "contrainforme" al Instituto de Estudios Autonómicos, dirigido por Carles Viver Pi-Sunyer, y que ya elaboró los primeros borradores del texto. Pretende probar que el proyecto goza de garantías constitucionales.
Además, el consejero ha tildado de "inaceptable" que el Gobierno opte por "dirimir diferencias" en torno al nuevo Estatuto a través de continuas "filtraciones a los medios de comunicación" y ha afirmado que el proyecto seguirá adelante en los próximos meses.
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