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Usuarios británicos de las redes P2P pagan 66.000 euros a las discográficas por no ir a juicio

Las denuncias contra los usuarios de las plataformas de intercambio de archivos en Internet (redes P2P) están contribuyendo a enderezar las cuentas de la industria musical. Las discográficas británicas se han embolsado más de 66.000 euros al conseguir que varios de los demandados por utilizar las redes P2P pagaran una indemnización para zanjar el proceso judicial que se había abierto contra ellos.

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L D (Agencias) La agencia Reuters indica que han sido 23 los usuarios que han alcanzado un acuerdo económico con el Instituto Fonográfico Británico (BPI), que representa a las principales discográficas del Reino Unido, para retirar la demanda por haber intercambiado canciones protegidas con los derechos de autor a través de los programas Grokster, iMesh, WinMx, BearShare y Kazaa. Los demandados desembolsaron una media de 2.900 euros, e incluso dos pagaron 5.800 euros.
 
Según detalla el BPI en un comunicado publicado en su página web, la edad de los usuarios que firmaron el acuerdo oscila entre los 22 y 58 años, y el número de canciones intercambiadas va desde los cientos a "muchos miles". Varios de los denunciados son menores de edad. Una vez conocida la denuncia, sus padres se mostraron "consternados al descubrir lo que sus hijos se traían entre manos".
 
El Instituto Fonográfico Británico se ha negado a revelar los nombres de los demandados porque "no percibimos ninguna ventaja en arrastrarles a la prensa". Aun así, ha reconodido que "incluyen a personas de todo tipo de formas de vida: desde un estudiante, al director de una compañía de tecnologías de la información, pasando por un concejal de un ayuntamiento". "Algunos de los titulares de cuentas eran padres y –mirando los archivos que estaban distribuyendo– es muy probable que llegaran a acuerdos en nombre de sus hijos", subraya la BPI.
 
A juicio de la industria musical británica, en caso de no haber firmado la paz, la alternativa que se abría a los demandados era todo menos favorable: "La opción habría sido hacer pasar a sus hijos por la odisea de un posible proceso judicial. La mayoría de los padres no querrían poner a sus hijos en esa posición", indica.
 
El BPI también señala en su comunicado de que solicitaría al Tribunal Superior del Reino Unido que obligara a los proveedores de acceso a Internet a revelar la identidad de otros 31 usuarios de las redes de intercambio de archivos P2P, tal y como consiguió el pasado mes de octubre.

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