LD (EFE) En sus conclusiones finales dentro de la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, las acusaciones particulares pidieron doce años de cárcel para Botín y seis años de prisión para Amusátegui y Corcóstegui, por los presuntos delitos de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal.
El fiscal Fernando Burgos indicó que no hubo deslealtad en la administración por parte de los acusados pues se informó "con transparencia" de las indemnizaciones de 152 millones de euros (43,8 y 108,1 millones de euros a Amusátegui y Corcóstegui), se eliminó un "conflicto de intereses" gracias al acuerdo del Consejo de Administración de abril de 1999 y se hizo de forma "equitativa".
Posición diferente mostraron las acusaciones particulares, que consideran los contratos "abusivos e ilícitos", puesto que, según ellos, el banco no obtuvo "contraprestación alguna" por lo que pagó. Según el ex consejero delegado de Banesto –banco que fue absorbido por el Santander–, Rafael Pérez Escolar , –condenado a prisión por su participación en la quiebra de la entidad– se trata de "una apropiación indebida cabalmente, porque ha habido una distracción del dinero administrado, en beneficio de terceros (Amusátegui y Corcóstegui) y beneficio propio ( Botín ), con carácter definitivo".
Sin embargo, el fiscal Fernando Burgos advirtió en varias ocasiones que, en su opinión, no hubo "abuso de poder" ni "disposición fraudulenta" y aconsejó al Tribunal que se evalúen "hechos", porque "aquí no se juzgando a las personas, sino sus actos concretos". "Vivimos en una economía de libertad, la padecemos y la gozamos , y se negocian las condiciones (de los contratos), y el que puede paga y el que desea ceder para acceder a este puesto, pues cede en la medida que sus estrategias personales se lo permiten", indicó el fiscal Fernando Burgos, en su informe final del juicio.
La acusación encabezada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui criticó las "cantidades monstruosas" cobradas por Amusátegui y Corcóstegui y las comparó con la jubilación anual cobrada por el ex presidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, a razón de 650.000 euros anuales. Respecto a la fusión, las acusaciones sospecharon que Amusátegui "no movió un papel" hasta que su contrato estuvo hecho y, posteriormente, fue aprobado por el banco pesa a "no tener remuneración" ni "causa lícita" para su cobro.
El fiscal Fernando Burgos indicó que no hubo deslealtad en la administración por parte de los acusados pues se informó "con transparencia" de las indemnizaciones de 152 millones de euros (43,8 y 108,1 millones de euros a Amusátegui y Corcóstegui), se eliminó un "conflicto de intereses" gracias al acuerdo del Consejo de Administración de abril de 1999 y se hizo de forma "equitativa".
Posición diferente mostraron las acusaciones particulares, que consideran los contratos "abusivos e ilícitos", puesto que, según ellos, el banco no obtuvo "contraprestación alguna" por lo que pagó. Según el ex consejero delegado de Banesto –banco que fue absorbido por el Santander–, Rafael Pérez Escolar , –condenado a prisión por su participación en la quiebra de la entidad– se trata de "una apropiación indebida cabalmente, porque ha habido una distracción del dinero administrado, en beneficio de terceros (Amusátegui y Corcóstegui) y beneficio propio ( Botín ), con carácter definitivo".
Sin embargo, el fiscal Fernando Burgos advirtió en varias ocasiones que, en su opinión, no hubo "abuso de poder" ni "disposición fraudulenta" y aconsejó al Tribunal que se evalúen "hechos", porque "aquí no se juzgando a las personas, sino sus actos concretos". "Vivimos en una economía de libertad, la padecemos y la gozamos , y se negocian las condiciones (de los contratos), y el que puede paga y el que desea ceder para acceder a este puesto, pues cede en la medida que sus estrategias personales se lo permiten", indicó el fiscal Fernando Burgos, en su informe final del juicio.
La acusación encabezada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui criticó las "cantidades monstruosas" cobradas por Amusátegui y Corcóstegui y las comparó con la jubilación anual cobrada por el ex presidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, a razón de 650.000 euros anuales. Respecto a la fusión, las acusaciones sospecharon que Amusátegui "no movió un papel" hasta que su contrato estuvo hecho y, posteriormente, fue aprobado por el banco pesa a "no tener remuneración" ni "causa lícita" para su cobro.