L D (Agencias) El portavoz del PP en el Congreso reclamó al Gobierno que, además de facultar al Abogado del Estado para presentar una demanda de ilegalización contra ANV y PCTV, inicie también el proceso para la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna la franquicia electoral de ETA. En declaraciones a Europa Press, el dirigente popular recordó al Ejecutivo que cuando PSOE y PP aprobaron la Ley de Partidos Políticos introdujeron "una previsión en la Ley de Bases de Régimen Local para contemplar expresamente la posibilidad de disolución de las Entidades Locales que den cobertura al terrorismo".
En este contexto, preguntó al Gobierno si tiene previsto acompañar con esta medida la demanda de ilegalización. "Esta es la primera vez en que resulta necesaria la aplicación de esa previsión. Y, si el Gobierno no aplica esa previsión, la gente podrá pensar que la solicitud de ilegalización de ANV no responde a una cuestión de cumplimiento de la ley, sino de estrategia", advirtió.
En una de las iniciativas parlamentarias que el PP sometió a votación en el Pleno del Congreso para solicitar la suspensión de actividades de ANV y el PCTV, los populares ya defendieron la necesidad de aplicar la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los consistorios en los que ANV forma parte del equipo de gobierno. Como todas sus propuestas sobre esta cuestión, el texto fue rechazado con el voto del PSOE y las minorías.
En cualquier caso, Zaplana insistió en que "es llamativo que los mismos que han asegurado hasta hace quince días que no existían indicios suficientes para ilegalizar ANV hayan descubierto de repente" unas "pruebas de su conexión con ETA" que, "como todo el mundo sabe, existían desde hace tiempo".
Tras señalar que una de las principales pruebas es "al parecer, del mes de junio de 2007", reiteró que la conexión entre ANV y ETA "es patente" y que ni siquiera las propias formaciones la han ocultado "jamás".
Evidente "interés electoral"
No obstante, Zaplana dio la bienvenida al inicio del proceso de ilegalización "pese a su tardanza y pese al evidente interés electoral" que, en su opinión, ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión justo en este momento.
Así, subrayó que el PP "siempre" ha defendido que "los secuaces de ETA no puedan estar en las instituciones democráticas" y que sólo por pedir que la ley se aplicara se les ha "llamado de todo, desde desleales, hasta palabras más gruesas".
"Han rechazado esta petición hasta cinco veces en el Congreso. Y ahora se apuntan a nuestra posición porque saben que, si no lo hacen, los ciudadanos les castigarán electoralmente", apostilló para apuntar a continuación que tiene la impresión de que "en éste, como en muchos otros temas, los ciudadanos ya no se fían del PSOE".