L D (EFE) El ministro de Administraciones Públicas ha adelantado a El País que el PSOE quiere atribuir a las autonomías el derecho de veto sobre normas del Estado cuando consideren que vulneran algunos de los siguientes aspectos: su lengua, cultura, la insularidad, el derecho civil y el derecho foral. Además, las comunidades que carecen de alguno de esos "hechos diferenciales" podrán recurrir al veto en defensa del "principio de solidaridad", que se materializa en la financiación autonómica.
El Gobierno plantea la utilización del derecho de veto como un procedimiento excepcional de las comunidades autónomas ante asuntos muy específicos y no ante medidas que afecten a varias regiones, como el Plan Hidrológico Nacional o la regulación del IVA. Según Sevilla, su uso sólo sería posible en respuesta ante la presunta vulneración de los hechos específicos de una comunidad.
Desaparecerían los grupos parlamentarios
El derecho al veto se incluiría en la futura reforma del Senado, que prevé sustituir los actuales grupos parlamentarios, basados en los partidos, por grupos territoriales, de los que formarían parte todos los senadores de cada comunidad. Ahí estarían representados los gobiernos autonómicos, que, en definitiva, serían los que ejercerían el derecho de veto sobre las normas estatales.
Sevilla destaca que se trata de superar "el debate nominalista sobre nacionalidades y regiones" planteado este verano, y añade que el derecho de veto "estaría muy regulado y limitado a hechos muy específicos" y "tendría un carácter eminentemente simbólico".