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"Zapatero ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político"

En su reunión secreta del sábado, Zapatero accedió a las exigencias de CiU y Cataluña será la única comunidad que tendrá inversiones garantizadas durante los próximos siete años, vinculadas a su participación en el PIB. Una de las regiones más perjudicadas será Extremadura. Sin embargo, su presidente Rodríguez Ibarra proclama la derrota de los nacionalistas. Carod Rovira se ha mostrado tranquilo y ha dicho que lo que no tiene ERC "es prisa", mientras desde el PP se niegan "a poner la firma" en este "pacto clandestino". Este lunes Zapatero y Mas vuelven a reunirse en La Moncloa.

(Libertad Digital) El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe a la una de esta tarde en el Palacio de la Moncloa, a los máximos líderes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida. El objetivo de esta reunión es escenificar el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña al que en la noche del pasado sábado llegaron el jefe del Ejecutivo y Mas.
 
Mientras tanto, el presidente de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, ha dicho este lunes que su formación no va a entrar en "una especie de batalla de la prisa", para dar su apoyo al acuerdo sobre el Estatuto alcanzado entre el Gobierno y CiU, porque el proyecto "ya tiene la mayoría suficiente como para que pase en el Congreso de los Diputados". En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Carod significó que en el Congreso el proyecto ya cuenta con los votos de los socialistas, los de CiU y los de Iniciativa. "Aunque solo fuera con estos votos y los de nadie más, ya nadie debe sufrir porque se apruebe o no un Estatut para Cataluña", dijo.
 
No obstante, el líder de Esquerra advirtió: "Lo que sí tenemos que decir nosotros es si este Estatut reúne las condiciones suficientes como para que a nuestro entender sea un Estatut aceptable sabiendo que se aleja en aspectos muy fundamentales de lo que en su momento aprobó el Parlamento, lo que sí que no tenemos nosotros es prisa". Asimismo, Carod calificó de "obvio" que el Gobierno cerrara antes un acuerdo con CiU que con ERC, socio de los socialistas en el tripartito catalán.
 
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, denunció este lunes "el fraude que supone la aprobación de este Estatuto". El portavoz popular explicó, en declaraciones a La Mañana de la COPE, que el "promotor de esta iniciativa", Rodríguez Zapatero, "ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político", en referencia a las importantes cesiones económicas que supone el acuerdo cerrado este fin de semana. "Esto no lo pueden querer los ciudadanos", denunció Zaplana, antes de asegurar que quieren "ser canal de su opinión para impedir esta aberración política"
 
El diputado lamentó que con este acuerdo se "ha impuesto la disciplina", el "deseo de seguir en el poder" y "mantener silencio frente a las convicciones propias" entre los socialistas que se habían mostrado contrarios al texto en las últimas semanas. En la defensa de "la unidad y la solidaridad entre los españoles nos encontramos solos", concluyó Zaplana, quien cree, a pesar de eso, que van "a ganar la batalla política" porque les "asiste la razón". "El 'como sea' se ha instalado en la política española y tenemos que impedir que prospere", sentenció.
 
Mientras, la secretaria de Política Autonómica de los populares, Soraya Saénz de Santamaría manifestó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU sobre el Estatuto constituye una "meta volante más en esta carrera que tienen los nacionalistas". Además, lamentó que Rodríguez Zapatero no haya aceptado la oferta de consenso lanzada por Rajoy, y cierre un pacto de forma "clandestina" al margen del Parlamento, para llamar ahora al PP a que se adhiera limitándose a "poner la firma". En la SER, Saénz de Santamaría opinó además que el acuerdo asume una relación bilateral, "con aspectos absolutamente contrarios a la Constitución", que vulneran aspectos que afectan a la igualdad entre españoles, como la financiación específica, con inversiones garantizadas, que no están justificadas por especiales necesidades, y vinculadas a la participación de Cataluña en el PIB, lo que equivale a que las comunidades con menos PIB siempre quedarán detrás.

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