Según ha informado Paulino Rivero en rueda de prensa tras reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo prevé el traspaso a Canarias de las políticas activas de empleo, "en las mismas condiciones" que se hará con el País Vasco, y la transferencia de la inspección de trabajo, igual que se hizo con Cataluña.
Además, las aguas interinsulares se denominarán aguas canarias, se impulsará un nuevo Estatuto de Autonomía "de nueva generación" y se mejorarán "sustancialmente" las bonificaciones a las tasas aéreas, especialmente para incentivar el incremento de frecuencias y las rutas en mercados emergentes.
Rivero se refirió al acuerdo como "bueno para el país y para Canarias". El pacto responde a todas las demandas que había formulado CC. El nacionalista habló de un acto de "responsabilidad" y subrayó la necesidad de "consenso" y "estabilidad institucional" para salir de la crisis económica, en vez de la "descalificación" y la "crispación".
El presidente canario alegó que su responsabilidad es trabajar para mantener la estabilidad institucional necesaria en el ámbito del país, pero añadió que su "primera responsabilidad" es defender los intereses de los canarios. Habló de acuerdo "histórico" para Canarias, que supone, dijo, "un paso importante para la resolución de contenciosos históricos con el Estado".
Todas las exigencias, concedidas
En lo que respecta al reconocimiento, la delimitación y la transferencia competencial de las aguas interiores del archipiélago, con la denominación de "Aguas Canarias", esto tendrá lugar sobre la base de una proposición de ley que se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados y con la presentación de enmiendas conjuntas antes del 31 de diciembre, explicó Rivero.
En cuanto a la actualización del estatuto de autonomía canario, bloqueada por el Partido Socialista canario, que lo vincula a una reforma del sistema electoral, de acuerdo con el compromiso alcanzado se impulsará un estatuto "que tenga en cuenta la lejanía y el hecho insular".
El Gobierno también se ha comprometido a transferir las competencias pendientes contempladas en el actual estatuto, como las políticas activas de empleo, con la incorporación de la capacidad para bonificar la cuota de la seguridad social "en las mismas condiciones que han sido transferidas a Euskadi", señaló Rivero. También será transferida la inspección de trabajo, en las mismas condiciones que ha sido transferida a Cataluña.
Por otro lado, según Rivero, no sólo se mantendrán las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, sino que mejorarán. También se mantendrá la rebaja del 50% en los vuelos a los residentes canarios.
El acuerdo prevé asimismo abordar algunas cuestiones relacionadas con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias antes de su renovación, prevista para entre 2012 y 2013. Igualmente, incluye compromisos de tipo económico por parte del Gobierno.
Más de 200 millones en inversiones
En concreto, el acuerdo implica dotar 152 millones de euros a partidas específicas destinadas a mantener y fomentar el empleo en las islas, así como otros 12,5 millones en inversiones en ciencia y tecnología.
Asimismo, se gastarán 42 millones en infraestructuras turísticas, se duplicará hasta los 22 millones la partida destinada al plan de reconversión y reindustrialización de Canarias y se incluirán otros 20 millones para el desarrollo del ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria.
Chaves: "Desarrollar los estatutos"
Todas estos acuerdos, a los que Rivero había llegado con José Luis Rodríguez Zapatero en la mañana del lunes se concretaron por la tarde en el Congreso de los Diputados, en una reunión con Manuel Chaves.
Tal y como explicaron en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, antes de final de año se convocará en Canarias una reunión de la Comisión Bilateral para iniciar la negociación técnica del traspaso de ambas competencias y otras relacionadas con costas que prevé el Estatuto de Autonomía.
De momento, sólo el País Vasco y Canarias contarán con la posibilidad de bonificar las cuotas de la Seguridad Social para incentivar la creación de empleo, aunque el Ejecutivo, según Chaves, no tiene "ningún inconveniente" en traspasar esta competencia a las comunidades que lo soliciten. "El Gobierno -ha dicho- tiene la responsabilidad de garantizar principio de igualdad entre todos los territorios sobre lo que señala la Constitución y los estatutos de autonomía".
Según él, incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala ese traspaso y el de la Inspección de Trabajo, que, de momento, sólo tiene Cataluña. "Para todo lo que sea desarrollar los estatutos, el Gobierno no tendrá ningún inconveniente ni pondrá reparos", ha apostillado Chaves.