Una, pretende enjuiciar la exigencia de comisiones ilegales a unos empresarios de Sevilla a cambio de favorecerles con una Escuela de Gastronomía. La otra se centra en la adjudicación ilegal en un concurso de terrenos de Mercasevilla a una empresa dependiente de la constructora Sando que, a su vez, se habría visto obligada a colaborar con la Fundación Mercasevilla.
La jueza del caso, Mercedes Alaya, ha considerado verosímil que los imputados cometieran los delitos de que se les acusa.
Según La Razón, que ha tenido acceso al auto de la juez, Mercedes Alaya, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha visto indicios de cohecho en el delegado de Empleo, Antonio Rivas; el ex director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce; y la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira, que serán juzgados por un tribunal popular por el presunto delito consistente en "dictaminar de cierta manera a cambio de sobornos". Los imputados, además, tendrán que hacer frente a una fianza individual de 400.000 euros.
Para la juez "resulta verosímil" la imputación tras la denuncia efectuada por los empresarios del Grupo La Raza, que presentaron varias grabaciones en las que, en alguna de ellas, Mellet y Ponce solicitaban el pago de 450.000 euros –150.000 en el pago de unas infraestructuras y 300.000 euros "olvidados en maletines"– a cambio de la concesión de una subvención de 900.000 euros de Empleo para la creación de una escuela de hostelería vinculada al mercado central.
El auto del pasado 14 de diciembre recuerda que «el artículo 425 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado». La juez subraya que «todos los inculpados tienen la condición de funcionarios públicos», aspecto que «pudiera ser más claro respecto de Antonio Rivas por el ejercicio de funciones públicas como delegado provincial de Empleo».
Sobre los imputados que trabajaban –Mellet y Ponce, dimisionario y cesado a los ochos meses del escándalo, respectivamente– o trabajan –caso de Regla Pereira– en Mercasevilla, la juez indica que la empresa está participada en un 51% por el Ayuntamiento de Sevilla y en un 49% por Mercasa y en la entidad «en el fondo existe un núcleo de carácter público».
Ya que todos son funcionarios, la juez determina que, en base al "artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de aplicación a este procedimiento, según el artículo 24.2 de la Ley Orgánica anteriormente citada, se requiera a los imputados para que en el plazo de un día –desde que se les notifique– presten fianza en cantidad de 400.000 euros". Dicho artículo dice que "desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente" para asegurarlas si no.
La juez Alaya ha citado a los imputados –que deberán acudir con sus defensas–, al Ministerio Fiscal, a la acusación particular y a las acusaciones populares el próximo día 23 de enero.
13 imputados ya en el caso Mercasevilla: de ellos, cinco destacados socialistas
La juez Mercedes Alaya, que instruye el 'caso Mercasevilla' ha imputado ya a 13 personas entre las dos ramas de la investigación: unos por el intento de cobro de comisiones ilegales y los otros por el amaño del concurso de la venta de los suelos. Presuntamente, claro.
Fernando Mellet
Ex director gerente de Mercasevilla. Es uno de los que aparece en las grabaciones efectuadas por los empresarios de La Raza exigiéndoles casi medio millón de euros en comisiones para adjudicarles un centro gastronómico en la entidad. También está imputado en la trama de los terrenos. Le están haciendo aparecer como el "cerebro" de todo si bien nadie duda de que es imposible que Mellet hiciera lo que presuntamente ha hecho sin tener la autorización debida del PSOE y/o de la Junta.
Daniel Ponce
Ex subdirector de Mercasevilla. Es el otro que aparece en las grabaciones y en las comisiones ilegales.
Antonio Rivas
Delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ex alcalde de Camas, pieza clave del PSOE de Sevilla y miembro de su comisión ejecutiva. Según Mellet, fue el que daba las órdenes
Regla Pereira
Directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla y secretaria de Fernando Mellet.
Jorge Piñero
Ex vicesecretario y experto jurídico de Mercasevilla. La juez cree que organizó las cosas para favorecer a Sanma, la empresa de Sando.
Domingo Enrique Castaño
Otro peso pesado del PSOE de Sevilla. Director de Vía Pública del Ayuntamiento y consejero de Mercasevilla. Miembro de la comisión ejecutiva que adjudicó el concurso y jefe directo de una de las personas que elaboró el pliego. Curiosamente, fue contratado por Sando nada más terminar esta operación.
José Antonio Ripollés
Economista.
María Victoria Bustamante
Jefa del servicio de Vía Pública y consejera de Mercasevilla. Ha sido una de las que ha clarificado el caso.
Pilar Giraldo
Directora económico-financiera de Mercasevilla.
Gonzalo Crespo
Ex concejal del PSOE y ex presidente de Mercasevilla. Miembro de la mesa de contratación. Ha sido considerado como el cerebro político de la operación. Es miembro de una familia de socialistas históricos procedentes de Estepa.
José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró
Presidente, consejero delegado y vicepresidente de Sando, una de cuyas filiales fue beneficiada por la adjudicación irregular de unos terrenos en un concurso al parecer amañado.
Se está a la espera de la decisión judicial de imputación o no del teniente de alcalde y jefe de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.