(Libertad Digital) El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de los diecisiete nuevos fiscales jefe propuestos por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, entre los que se encuentran Antonio Salinas, nuevo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, y Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid. El Gobierno aprobó, mediante diecisiete reales decretos, el nombramiento de los nuevos fiscales jefe, en aplicación del nuevo Estatuto Fiscal, que establece la limitación a cinco años de los mandatos de los fiscales jefe, después de la deliberación del Consejo Fiscal y de la propuesta elevada por Cardenal.
Así, el hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo Antonio Salinas sustituye a Carlos Jiménez Villarejo al frente de la Fiscalía Anticorrupción y Manuel Moix, adscrito a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, ocupará la plaza de fiscal jefe de Madrid, hasta ahora ocupada por Manuel Fernández Bermejo. El Gabinete también aprobó el nombramiento de Pilar Fernández Valcárcel como nueva fiscal jefe de Sala del Tribunal Supremo, puesto de nueva creación, lo que le convierte en la primera mujer que forme parte de la cúpula fiscal.
Precisamente, este mismo viernes, el tío de Trinidad Jiménez y hasta ahora fiscal Anticorrupción ha remitido un escrito al fiscal general del Estado en el que solicita formalmente que se le conceda la jubilación anticipada, acogiéndose a lo que recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal. Según informa la Cadena Ser, Villarejo "no quiere seguir trabajando". El inminente ex fiscal tiene 68 años por lo que aún le quedarían otros dos años más hasta la jubilación ordinaria.
El diputado socialista Diego López Garrido interpretó que la petición de jubilación voluntaria de Jiménez Villarejo a Cardenal es un claro mensaje de que con el Gobierno del PP sigue siendo necesario que se investiguen casos de corrupción como el sucedido en la Asamblea madrileña.
Añade que "es un mensaje ante la grave actitud de Cardenal de seguir bloqueando la persecución de un delito a sabiendas que dicho bloqueo no tiene ningún fundamento legal". "Exigimos al Gobierno una explicación de por qué el Fiscal General del Estado está actuando así, ya que debe iniciarse una investigación de una vez por todas", concluyó.