Villarejo arremete en El País contra el Supremo por encausar a Garzón

Jiménez Villarejo dice existe un "acoso organizado y sistemático" contra Garzón y se muestra preocupado por "la persecución de un juez que es un ejemplo". Considera un "atropello desde el punto de vista del derecho procesal" que el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, pueda acusar al juez que ordenó las escuchas telefónicas de prevaricación. Olvida Jiménez Villarejo que esas escuchas eran ilegales y en un Estado de Derecho la ley es para todos, también para el juez instructor. No se acusa a Garzón por ordenar las escuchas, sino por haberlas realizado al margen de la ley.

Por ello, dice que la admisión de la querella contra Garzón se debe a "una alianza objetiva de los tribunales y los corruptos" y que "transmite un mensaje evidente de amparo en sus conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente".

Dice el ex fiscal anticorrupción que la decisión del Supremo "no es admisible y socava los cimientos del Estado democrático" y que los corruptos han conseguido "someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos".

Pero ahí no acaban los ataques a los magistrados del Supremo. Jiménez Villarejo les acusa de haberse sometido "a los dictados de la extrema derecha" española porque sus decisiones "se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del Partido Popular".

Es inevitable recordar el proceso contra el juez Gómez de Liaño y preguntarse por qué entonces Jiménez Villarejo no mostró tanta virulencia por defender a un juez procesado por atreverse a investigar a Jesús Polanco, el todopoderoso propietario del periódico en el que el ex fiscal se expresa en estos términos. Entonces El País no consideró que el Supremo amparaba delincuentes, sino que fue el principal instigador de la suspensión del juez. Tuvo que ser el Tribunal de Derechos Humanos el que pusiera en lugar, casi diez años después, a los que participaron en su linchamiento.