Víctimas del 11-M apoyan a Rubio y acusan a la Fiscalía de "caza de brujas"
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha mostrado su apoyo al periodista de El Mundo, Antonio Rubio, para quien la Fiscalía de Madrid pide 3 años de prisión por unas informaciones sobre la masacre. La Asociación acusa al Ministerio Público de perderse en una "caza de brujas".
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M mostró este martes su apoyo al trabajo del periodista del diario El Mundo Antonio Rubio -para quien la Fiscalía de Madrid pide 3 años de prisión por un supuesto delito de revelación de secretos, en relación con unas informaciones sobre el confidente policial conocido como Cartagena- y le agradeció "su empeño en la búsqueda de la verdad sobre los terribles atentados perpetrados en 11 de marzo de 2004 en Madrid".
Mediante un comunicado, la Asociación presidida por Ángeles Domínguez mostró su "más absoluta perplejidad y estupor ante las actuaciones de un Ministerio Fiscal que centra sus esfuerzos y recursos en perseguir periodistas, mientras los autores intelectuales de los atentados todavía están en la calle".
Asimismo, la asociación lamenta que el trabajo en apoyo y favor de las víctimas "haya podido ocasionar tan terribles y amenazadoras secuelas y consecuencias como las que se ciernen actualmente sobre el subdirector del diario El Mundo, Antonio Rubio".
"Algo falla en nuestro Estado de Derecho, cuando las propias víctimas y algunos medios de comunicación son los que tienen que asumir la responsabilidad en la investigación y persecución de los responsables de los atentados del 11-M, mientras el Ministerio Público se pierde en una caza de brujas de todos aquellos que, como nosotras, las víctimas, no podemos ni queremos olvidar", concluye la nota.
Precisamente este martes, el que fuera comisario jefe de los Tedax en el momento de los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano, declaró como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid en relación con una denuncia interpuesta contra él por esta asociación. Se le acusa de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento por ocultación de pruebas durante la investigación de los atentados.
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