(Libertad Digital) El secretario general del Comité Regional de CEP en Cataluña, Sebastián Hernández, remitió el pasado 2 de enero un escrito a la Delegación del Gobierno en Cataluña denunciando los hechos y solicitando una intervención para investigarlos. Según denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la profesora Marta Torner, de la escuela de la Policía Autonómica en Mollet del Vallés planteó a sus alumnos un ejercicio práctico de procedimiento basado en el siguiente supuesto:
- "Se ha producido una llamada en unas dependencias policiales informando que en un supermercado se ha visto a un hombre el cual bajo su chaqueta porta una pistola pero que no ha hecho nada con ella. A la llegada de la dotación policial comprueban que es un Policía Nacional fuera de servicio. Pregunta: ¿cuál sería la intervención correcta?"
Para asombro de muchos de los mossos, la respuesta correcta era:
- "Una vez identificado el policía nacional, intervenirle el arma y proponerle para una sanción".
Lógicamente, la CEP hace mención inmediata del artículo 18 de la Ley 1/92 según el cual la intervención de una arma procede si es para evitar la comisión de un delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas. Además, recuerda el escrito, la respuesta correcta indicada a los alumnos choca con la Ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto su artículo 5.4 que establece la plena dedicación profesional en todo tiempo y lugar de los agentes de la Policía Nacional lo que les obliga a portar el arma reglamentaria las 24 horas del día con independencia de tener o no asignado un servicio.
Para no dejar ningún cabo suelto, la Confederación Española de Policía explica que el reglamento de la ley anterior sí contempla la intervención de un arma aunque se tenga licencia y la propuesta para una sanción excepto si se trata de un agente de la autoridad. Sólo se procedería contra él de la forma en la que dice la profesora de los mossos, en el caso de que el agente –en el supuesto planteado, un policía nacional– se halle bajo los efectos del alcohol o drogas.
Por ello, la CEP pide al Delegado del Gobierno en Cataluña que realice las gestiones que estime oportunas para investigar este hecho que supone "un menoscabo de la imagen y respeto que hacia una Institución como es el Cuerpo Nacional de Policía".