L D (Agencias) Junto a Rafá Zouhier fueron procesados Carlos Ben Hur Barreras Bissat, marroquí de 25 años; Paulo Jorge Da Piedade Costa, portugués de 27 años; Marín Marinov Iliev, búlgaro de 36 años; y José Manuel García del Corral, español de 42 años.
En cuanto a Rafa Zouheir, la sentencia manifiesta que "no se ha probado el delito imputado, pues la única prueba en su contra es el testimonio del coacusado García Corral, y éste además de ser poco fiable por el carácter parcialmente autoexculpatorio de sus afirmaciones y la evidente enemistad entre ambos, nunca vio el paquete en poder de Rafa".
Zouhier, antiguo confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se encuentra actualmente en una prisión madrileña acusado de haber puesto en contacto al comando autor de los atentados del 11-M con unos traficantes de explosivos asturianos. Según la sentencia de la Audiencia Provincial, las detenciones de estas personas, a las que posteriormente se les intervinieron varias armas, fueron consecuencia directa de escuchas telefónicas declaradas "ilícitas", por lo que el texto judicial da "nulo valor probatorio al hallazgo de las diferentes pistolas".
El documento señala como probado que el día 12 de enero de 2002, Paulo Jorge Da Piedades Costa fue arrestado tras unas escuchas telefónicas autorizadas cuando portaba una pistola 'Bruni' del calibre 8 milímetros, originariamente detonadora, carente de número de identificación, alterada por la sustitución de su cañón y recámara de modo que estaba convertida en apta para disparar munición real. Además, añade que un día después y con ocasión de las mismas escuchas, se acordó la detención de Carlos Ben Hur Barreras y su posterior registro domiciliario, donde se encontró una pistola automática marca 'BBM'. Asimismo, el 21 de ese mismo mes, José Manuel García del Corral hizo entrega a los agentes de la Guardia Civil de una pistola calibre 6,35 milímetros que tenía escondida enterrada en un pueblo de León por encargo, según dijo Rafa Zouheir.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de delito de tenencia ilícita de armas y solicitó penas de tres años de prisión para Carlos Ben Hur, Paulo Jorge Piedade y Marín Marinov; dos años de cárcel para García del Corral y Rafa Zouheir. Mientras, la defensa pidió la libre absolución de su defendido. Posteriormente, un auto judicial del 29 de enero de 2004 declaró nulas dichas escuchas telefónicas. En consecuencia, el juzgado de lo Penal número 5 de Madrid considera que el hallazgo de ambas armas se estima en directa consecuencia de la escucha telefónica ilícita, por lo que deviene inútil como prueba de cargo, vaciando de contenido objetivo los delitos imputados, por lo que procederá a la absolución de los tres acusados mencionados anteriormente.
