Un ex alto cargo de la Junta revela la existencia de un 'fondo de reptiles'
Empezó por Mercasevilla, siguió por los Expedientes de Regulación de Empleo y ha terminado en un 'fondo de reptiles'.
Quien lo ha declarado y revelado lo ha hecho ante la Policía y ha añadido que sus 647 millones de euros estaban destinados a ayudar a empresas y que se hacía de manera arbitraria sin respetar las normas legales. El nombre del revelador es Javier Guerrero, que era director general de Empleo en los tiempos en que se sustanciaron los Expedientes de Regulación de Empleo de Mercasevilla. Incluso para El País, "la comparecencia policial abre un escándalo de dimensiones imprevisibles para el Gobierno regional, derivado del caso Mercasevilla, en el que se han destapado graves irregularidades". Lo declaró el 21 de diciembre de 2010. Griñán está ante al mayor escándalo de la democracia andaluza por el volumen de dinero, por la corrupción que implica y por los altos cargos afectados, entre ellos, el servicio jurídico de la Junta.
Algunas de las confesiones del ex alto cargo son:
"Era un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar".
Del mismo disponía "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
"Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello", añade el escrito, que se refiere al periodo en el que fueron consejeros de Empleo José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE en Sevilla y Antonio Fernández, director del Consejo Regulador del vino de Jerez.
"Consistía en una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) que desde el año 2000 hasta la fecha ha dispuesto de 647 millones"
Ahora se requerirán los convenios de todo tipo suscritos desde 2000 por Empleo con el IFA, así como los convenios entre Empleo y empresas cuyo pago se ha canalizado directamente a través del IFA o IDEA. Además, se requieren los informes emitidos por la intervención y el gabinete jurídico de la Junta para cada convenio suscrito.
Guerrero menciona las ayudas percibidas por la empresa pública Egmasa "con el tema de los incendios, que había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto".
Asimismo el ex director general menciona los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevados a cabo en Santana (que afectó a unos 1.200 trabajadores), Franja Piritica de Huelva, Cárnicas Molina, Dhul o Yogures de Andalucía, entre otros.
"Era un asunto no regulado, tuvimos debates respecto de la regulación con ocho borradores de Decreto, diez borradores de órdenes, pero como era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio nunca se llegó a tramitar", reconoce el alto cargo ante la policía judicial.
Ni siquiera El País ha obtenido declaraciones sobre la comparecencia de Guerrero ante la policía de la Junta de Andalucía.
Los negociadores
Francisco Javier Guerrero también ha aludido en su declaración al ex sindicalista jiennense de UGT, Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo iniciado en 2007 por Mercasevilla. Lo cuenta Diario de Sevilla.
Guerrero ha manifestado, en concreto, que Lanzas "ha llevado muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación de Andalucía".
Negociaba bien para la empresa o bien para los trabajadores y también "era apoderado de los comités de empresa", señala en su testimonio antes de advertir de que "es muy bien negociador".
Por último, Francisco Javier Guerrero ha declarado sobre el caso de Antonio Garrido Santoyo, un ex miembro de la cúpula del PSOE de Baeza cuyo nombre figura en documentos del ERE de 2007 como aspirante a la prejubilación.
Guerrero ha alegado desconocer "quién pudo dar ese encargo" y cree que "habrá que averiguar quién puñetas ha metido a esa persona y llegar a las últimas consecuencias". Y es que Garrido Santoyo, como ha quedado confirmado, jamás ha trabajado en el mercado central de abastos.
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