(Libertad Digital) Nuevo indicio publicado por el diario El Mundo sobre la relación de la banda terrorista ETA y los implicados en la trama del 11 de marzo. Las revelaciones vienen esta vez de la mano de "Nayo", otro confidente de la Guardia Civil y preso de la ya famosa cárcel de Villabona.
Este santanderino afincado en Castrillón y que respondía a las siglas J.I.F.D. y al alias de "Nayo", que había sido compinche del ex minero y confidente de la Emilio Suárez Trashorras y del también confidente Antonio Toro Castro en otros asuntos, aseguró dos años antes de los atentados de la matanza del 11-M, ante testigos, que él había traído armas desde Francia hasta España destinadas a ETA.
El abogado madrileño Carlos Alberto Tejeda –que defendía a dos personas detenidas, como Nayo, Toro Castro y Suárez Trashorras, en la Operación Pipol–, ha desvelado este asunto a los diputados que representan al Partido Popular en la Comisión del 11-M. Sin embargo, ya en abril del año 2002, el abogado Tejeda ya había informado al fiscal jefe de Asturias de que Nayo había participado en algún traslado de armas y, además, que le había contado que existía una cantidad de explosivos en Asturias para ser entregados a ETA.
Según desveló el pasado mes de julio La Nueva España, pese a que Nayo había asegurado que Trashorras escondía varios cientos de kilos de dinamita en la zona de Illas "los agentes contestaron que no iban a registran una montaña".
Por otra parte, este lunes se ha sabido que el jefe de la célula islamista y suicida de Leganés, Allekema Lamari, enviaba cada mes dinero a su lugarteniente, Abdelkrim Beresmail, preso en la cárcel de Villabona, donde se relacionaba casi en exclusiva con sus "hermanos" los internos etarras. Lamari hacía los envíos siempre desde un lugar distinto y con nombres diferentes. Por cierto que, según informa Casimiro García Abadillo, el islamista Beresmail no sólo tenía los nombres y direcciones de los etarras Henri Parot y Harriet Iragi en su bolsillo sino que también lo tenía escrito en su agenda personal.
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya se ha puesto manos a la obra. Según La Razón, Gallizo ha dirigido una carta a todos los directores de las cárceles en la que recuerda los funcionarios penitenciarios que tiene "la obligación" de guardar "riguroso sigilo respecto a los asuntos que conozcan por razón de su cargo".