(Libertad Digital) Hace seis años, tras 48 horas de extorsión a toda España, ETA asesinó a un concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Desde que se tuvo noticia del secuestro, la reacción ciudadana fue contundente y sin fisuras. La amarga cuenta atrás dispuesta por el terrorismo acabó en todas las calles y plazas de España con las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan, mezcla de tristeza, rabia y, sobre todo, repulsa a todo lo que significara ceder al terror.
La sobrecogedora y espontánea unidad del pueblo español asustó al PNV, a los terroristas y a todo el mundo nacionalista. Su reacción fue cerrar filas en torno a Estella, un pacto que cobijaba a ETA y planteaba el diálogo sin retirar las pistolas de encima de la mesa. Sin exclusiones ni condiciones. El llamado espíritu de Ermua amenazaba con echar abajo los planes que por entonces construía Ibarretxe y que ahora han llegado hasta el Parlamento nacional. Desde el año de la muerte de Miguel Ángel Blanco, ETA ha asesinado a 63 personas. Salvo en el año 1999 en el que la banda aprovechó una trampa para rearmarse y tender sus lazos, en el resto hubo muertos: 13 en 1997, 4 en 1998, 22 en 2000, 16 en 2001, 5 en 2002, y 3 en 2003.
Pero también se ha golpeado policial y judicialmente la estructura etarra, desde los pistoleros hasta sus empresas y representantes políticos. A partir de la tragedia de Ermua, siguiendo las estadísticas del Ministerio del Interior en los gobiernos del PP hasta el balance del año 2002, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron a 507 personas relacionadas con ETA. Además, se desarticularon 51 grupos operativos de ETA, muchos de ellos, sin antecedentes policiales. En definitiva, la banda ha estado más acosada que nunca durante los gobiernos del Partido Popular. Su capacidad de matar se ha visto considerablemente mermada al no contar con los dos apoyos necesarios: el dinero y el tejido político.
La sobrecogedora y espontánea unidad del pueblo español asustó al PNV, a los terroristas y a todo el mundo nacionalista. Su reacción fue cerrar filas en torno a Estella, un pacto que cobijaba a ETA y planteaba el diálogo sin retirar las pistolas de encima de la mesa. Sin exclusiones ni condiciones. El llamado espíritu de Ermua amenazaba con echar abajo los planes que por entonces construía Ibarretxe y que ahora han llegado hasta el Parlamento nacional. Desde el año de la muerte de Miguel Ángel Blanco, ETA ha asesinado a 63 personas. Salvo en el año 1999 en el que la banda aprovechó una trampa para rearmarse y tender sus lazos, en el resto hubo muertos: 13 en 1997, 4 en 1998, 22 en 2000, 16 en 2001, 5 en 2002, y 3 en 2003.
Pero también se ha golpeado policial y judicialmente la estructura etarra, desde los pistoleros hasta sus empresas y representantes políticos. A partir de la tragedia de Ermua, siguiendo las estadísticas del Ministerio del Interior en los gobiernos del PP hasta el balance del año 2002, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron a 507 personas relacionadas con ETA. Además, se desarticularon 51 grupos operativos de ETA, muchos de ellos, sin antecedentes policiales. En definitiva, la banda ha estado más acosada que nunca durante los gobiernos del Partido Popular. Su capacidad de matar se ha visto considerablemente mermada al no contar con los dos apoyos necesarios: el dinero y el tejido político.