L D (EFE) Según Nieto, en 1999 del total de 8.201 entidades locales objeto de análisis, no rindieron cuentas 2.105, de las cuales 1.925 correspondían a municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes. En municipios con población superior a 50.000 habitantes, no rindieron cuentas Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Marbella, Orense y Pontevedra, y con población entre 5.000 y 50.000 habitantes, no lo hicieron 173 entidades locales. Además, según el informe del Tribunal de Cuentas, no presentaron las cuentas los Consejos Insulares de Ibiza-Formentera y Mallorca. Del examen realizado al cumplimiento de las principales normas reguladores del régimen de personal en las entidades locales se desprende que las deficiencias más relevantes son la carencia de relación de puestos de trabajo, la vulneración de la normativa en la selección de personal, "y una improcedente regulación unitaria de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral".
En relación con los funcionarios, se observa que el ejercicio de sus funciones "estaba condicionado por la existencia de vacantes no cubiertas, la elevada movilidad de los puestos de secretario-interventor y los insuficientes medios personales". Respecto a la ejecución de obras, el informe alerta del "incumplimiento de los plazos de inicio y terminación", la no expedición de las certificaciones y la aprobación de modificaciones "debido a deficiencias e imprevisiones de los proyectos originarios". En cuanto al análisis de la rendición de cuentas de las CCAA, el informe destaca que, a excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla, las administraciones generales "han rendido en plazo", si bien advierte de que tres organismos autónomos y entes públicos y 32 empresas públicas no rindieron cuentas, "lo que supone una discreta mejoría en relación con el ejercicio anterior".
Del examen de la liquidación de presupuestos del sector público autonómico se desprende "una insuficiente financiación de las incorporaciones y generaciones de créditos y expedientes incompletos". Según el Tribunal de Cuentas, las salvedades en la ejecución de los presupuestos se refieren, principalmente, a la inadecuada imputación de las operaciones de endeudamiento, de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, y de los fondos estructurales procedentes de la UE. En la situación económico-patrimonial, el informe aprecia que "no se mantenían sistemas contables uniformes, ya que seis comunidades no tenían aún implantado el Plan General de Contabilidad Pública", mientras que en las subvenciones concedidas se observa "la ausencia de acreditación de requisitos esenciales a que deben venir obligados los beneficiarios".
El portavoz del PSOE en la Comisión, José Miguel Camacho, felicitó a las CCAA por considerar que en 1999 "mejoraron considerablemente la rendición de cuentas" ante el Tribunal con respecto al ejercicio anterior, "a diferencia de lo ocurrido en el sector local, dónde menos ayuntamientos rinden cuentas y se detectan mayores deficiencias en la contratación administrativa". Camacho instó al Gobierno a adoptar medidas para que esta situación no se repita y a cumplir una resolución aprobada por unanimidad en la que se pide un informe comparativo de la situación en las diferentes CCAA.
Por su parte, Ismael Bardisa, del PP, se mostró satisfecho por la mejoría experimentada por el sector público autonómico en la rendición de sus cuentas, aunque animó a "subsanar" las deficiencias detectadas, mientras que en el sector público local instó a adoptar medidas ante la constatación de que una cuarta parte del mismo no ha rendido cuentas ante el Tribunal.
En relación con los funcionarios, se observa que el ejercicio de sus funciones "estaba condicionado por la existencia de vacantes no cubiertas, la elevada movilidad de los puestos de secretario-interventor y los insuficientes medios personales". Respecto a la ejecución de obras, el informe alerta del "incumplimiento de los plazos de inicio y terminación", la no expedición de las certificaciones y la aprobación de modificaciones "debido a deficiencias e imprevisiones de los proyectos originarios". En cuanto al análisis de la rendición de cuentas de las CCAA, el informe destaca que, a excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla, las administraciones generales "han rendido en plazo", si bien advierte de que tres organismos autónomos y entes públicos y 32 empresas públicas no rindieron cuentas, "lo que supone una discreta mejoría en relación con el ejercicio anterior".
Del examen de la liquidación de presupuestos del sector público autonómico se desprende "una insuficiente financiación de las incorporaciones y generaciones de créditos y expedientes incompletos". Según el Tribunal de Cuentas, las salvedades en la ejecución de los presupuestos se refieren, principalmente, a la inadecuada imputación de las operaciones de endeudamiento, de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, y de los fondos estructurales procedentes de la UE. En la situación económico-patrimonial, el informe aprecia que "no se mantenían sistemas contables uniformes, ya que seis comunidades no tenían aún implantado el Plan General de Contabilidad Pública", mientras que en las subvenciones concedidas se observa "la ausencia de acreditación de requisitos esenciales a que deben venir obligados los beneficiarios".
El portavoz del PSOE en la Comisión, José Miguel Camacho, felicitó a las CCAA por considerar que en 1999 "mejoraron considerablemente la rendición de cuentas" ante el Tribunal con respecto al ejercicio anterior, "a diferencia de lo ocurrido en el sector local, dónde menos ayuntamientos rinden cuentas y se detectan mayores deficiencias en la contratación administrativa". Camacho instó al Gobierno a adoptar medidas para que esta situación no se repita y a cumplir una resolución aprobada por unanimidad en la que se pide un informe comparativo de la situación en las diferentes CCAA.
Por su parte, Ismael Bardisa, del PP, se mostró satisfecho por la mejoría experimentada por el sector público autonómico en la rendición de sus cuentas, aunque animó a "subsanar" las deficiencias detectadas, mientras que en el sector público local instó a adoptar medidas ante la constatación de que una cuarta parte del mismo no ha rendido cuentas ante el Tribunal.