UGT y CCOO se llevaron más de medio millón en los ERE de Riotinto

Sigue creciendo día a día el escándalo socialista andaluz. En este caso, reforzado por los sindicatos. En el último episodio publicado por La Gaceta se modificaron expedientes laborales de trabajadores para obtener la renta máxima permitida en las prejubilaciones: la correduría Ingotor se embolsó seis millones en comisiones sin intemediar y transfirió más de 589.000 euros a los sindicatos una vez recibió las primas. Todo ese dinero procede de la Junta.

El ERE de Minas de Riotinto ha sido uno de los más polémicos, debido precisamente a la implicación de los sindicatos. Según La Gaceta, Ingotor transfirió 589.383,99 euro a CCOO y UGT entre 2003 y 2004 una vez recibió las mencionadas primas por la intermediación (presuntamente realizada por Vitalia). Ese importe es del 0,5 % del coste total del ERE de Minas de Riotinto, que ascendió a 90 millones de euros sacados del fondo de reptiles.

Las cantidades se distribuyeron en cuatro pagos que tuvieron como destino a ASP (Asesoramiento de Seguros), Atlantis Asesores e ITG. Las dos primeras son corredurías de seguros en las que los máximos accionistas son los sindicatos; la tercera un empresa que ofrece servicios administrados y detrás se esconde UGT de Cataluña.

Las irregularidades en este ERE no sólo hacen referencia a los expedientes, sino también al cobro de comisiones por correduría de seguros que no han colaborado en la elaboración de esos ERE, recuerda el diario.

ASP es la aseguradora de UGT, y recibió 394.047,56 euros. En 2006 vendió el 80 % de la misma a Atlantis, de la que a su vez adquirió el 5%. CCOO ya poseía el 5% de las acciones de Atlantis y la totalidad de su división Atlantis Asesores.

El consejero delegado de ASP es Fermín Bretón, antiguo consejero de Unial, la aseguradora de UGT liquidada en 1995. De la actual dirección destaca, según La Gaceta, su permanencia en el Consejo de Administración. Bretón ya estaba imputado en el caso PSV, en el que el fiscal consideró que él y los acusados se apropiaron de fondos destinados a la construcción de viviendas para financiar UGT. En total cuatro de los seis imputados en ese caso han pertenecido o pertenecen a la Junta de ASP a la que se transfirieron los fondos entre 2003 y 2004.