Trashorras traficaba con dinamita mientras informaba como confidente al jefe policial "Manolón"

L D (EFE) La sección octava de la Audiencia condena a Suárez Trashorras a 6 años de cárcel por tenencia, depósito y tráfico de explosivos -dos menos de lo solicitado por el fiscal- y 4 años más por venta de drogas, mientras que impuso a Toro 6 años por el primer delito y otros 5 años y 6 meses por el segundo, por su implicación en la llamada "Operación Pipol".

Esta operación contra el narcotráfico se llevó a cabo en Asturias en julio de 2001 y concluyó con la incautación de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de dinamita, similar a la utilizada en los atentados de Madrid, y 94 detonadores industriales que la Policía encontró en un garaje de Avilés.

En una extensa sentencia de 200 folios, el tribunal justifica la pena impuesta "en atención a la cantidad de explosivos ocupada y al volumen de explosivos ofrecida" por los condenados y advierte de que la ausencia de circunstancias agravantes hace "improcedente" imponer la pena máxima de ocho años que había solicitado el fiscal, José Perals.

Sin embargo, reconoce que hay una "abundante" prueba de cargo en su contra, a la que se suma "un indicio más", como es que ambos se encuentren encausados en el sumario abierto por los atentados de Madrid, proceso que se iniciará dentro de 15 días en la Audiencia Nacional y en el que Trashorras se enfrenta a una pena de 38.667 años, y Toro a 23 años de cárcel.

El fallo del tribunal descarta que los condenados formasen parte de una banda organizada y refleja que no hay duda de que el garaje de Avilés donde la Policía encontró "una importante cantidad de explosivos altamente peligrosos" era compartido por los dos condenados y José Ignacio Fernández Díaz "Nayo", que permanece huido de la Justicia.

Aclara la sentencia que, aunque Toro siempre manifestó que la droga hallada en el garaje era suya y los explosivos de su cuñado, "es improbable que desconociera lo relativo a la dinamita" dado que se encontraban "a la vista" en un espacio de escasas dimensiones.

El tribunal también da credibilidad al testimonio de Francisco Javier Lavandera, un trabajador del club Horóscopo de Gijón y confidente de la Guardia Civil que alertó a las fuerzas de seguridad en 2001 de la existencia de una red de tráfico de explosivos en Asturias, de que Toro le había enseñado un maletero "lleno" de explosivos y de que Trashorras le dijo que disponía de "400 kilos".

Otro ex confidente policial, imputado también en el sumario del 11-M, Rafa Zouhier, con quien Toro coincidió en la cárcel, ratificó también que en 2003 Toro y Trashorras le ofrecieron explosivos.

Para el Tribunal, la prueba de cargo expuesta "no puede decaer frente a las poco convincentes declaraciones exculpatorias" de Toro, mientras que en el caso de Trashorras incide en que él mismo dijo a un policía que la dinamita que apareció en el garaje "la usaban para arrancar troncos de árboles". De este hecho se deduce, según añade la sentencia, que Suárez Trashorras "estaba en posesión de los explosivos" y que éstos "eran aptos para su uso".

El tribunal mantiene también que el registro del garaje y las escuchas telefónicas que desencadenaron la operación fueron legales, ya que se realizaron con control judicial y descarta que en el proceso se produjeran dilaciones indebidas, aunque reconoce que sí las hubo en el sumario por los múltiples recursos interpuestos por las defensas.

Asimismo descarta que se vulnerasen los derechos de ambos acusados por haber permanecido esposados durante todo la vista oral, incluso durante sus declaraciones, porque "en modo alguno les supuso un padecimiento físico o psíquico importante y obedeció únicamente a la necesidad de garantizar el orden en las sesiones".

Tras conocer la sentencia, el abogado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, y la letrada de Antonio Toro, Teresa Suárez, señalaron que recomendarán a sus clientes que presenten recurso mientras que el fiscal eludió comentar el fallo, a la espera de leerlo en su integridad.

Del resto de procesados por la "Operación Pipol", juicio que se prolongó durante mes y medio, cuatro quedaron absueltos y otros catorce fueron condenados a penas de entre 4 y once años de prisión por delitos contra la salud pública, en los que el tribunal no aprecia la agravante de pertenencia a banda organizada que había pedido el fiscal.